Campesinos piden a la Contraloría intervenir el CRAMA

El exdirigente de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Luis Alfaro, ha presentado una solicitud formal a la Contraloría General del Estado para que pueda intervenir al Consejo Regional de Abastecimiento y Mercadeo Agropecuario (CRAMA), para que esta entidad pueda rendir explicaciones sobre las recaudaciones económicas, más ahora que restan solamente dos años para que finalice el convenio de comodato que se tienen sobre la administración en estos terrenos en donde se ubica el Mercado Campesino.

Alfaro señaló que en estos últimos tiempos, han sido constantes las acusaciones por los manejos irregulares de los fondos del CRAMA, que implican desvío de fondos, corrupción, que solamente han quedado en denuncias ante los medios de comunicación, por ello, es que se decidió acudir ante la Contraloría.

El exdirigente justificó la solicitud de intervención, argumentando que el predio en donde funciona el CRAMA es público, de la Gobernación y Alcaldía. Recordó que hace 25 años recibieron a través de un Decreto Supremo y convenio de la Prefectura, la administración del Mercado Campesino, pero que a pesar del comodato, estos predios continúan siendo públicos por lo que corresponde que se haga una rendición de cuentas sobre el manejo que ha habido durante estos años.

Manifestó que “un grupo de dirigentes” a nombre de la FSUCCT se han apropiado de la administración del CRAMA, incluso advirtió la presencia de dirigentes gremiales.

“Entonces lo que estamos pidiendo a la Contraloría es la intervención inmediata porque son bienes públicos. Nosotros dentro de dos años más se va a cumplir el comodato de la administración por el uso del terreno, en aquel tiempo dejamos un mercado con buenos ingresos, saneado y con personal suficiente, pero ahora es una desgracia”, reclamó.

Alfaro detalló que cuando recibieron el CRAMA en el año 2001, se tenía un ingreso de 50.000 bolivianos al mes y un gasto de 55.000 bolivianos, con 22 funcionarios que trabajaban. Recordó que se redujo personal y se entregó la administración con una recaudación de 280.000 bolivianos al mes y un gasto de 80.000 bolivianos; y que todo ese excedente se invirtió en infraestructura. Sin embargo, ahora desconocen cuánto son los ingresos mensuales y los administradores no quieren revelar, bajo el argumento que se trata de una organización privada.