Ley que redistribuye las regalías tensa la unidad departamental

Con la reciente aprobación de la “Ley Departamental de Asignación de Recursos Económicos a las Provincias Productoras de Hidrocarburos”, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) no solo ha reabierto el debate sobre la distribución de la riqueza gasística, sino que ha entrado en un complejo terreno jurídico al modificar mediante ley departamental un porcentaje –el 45% para el Chaco– que actualmente se asigna mediante Ley N°3038 que es de carácter nacional.

La norma, promovida desde las provincias de Arce y O’Connor, busca reconocer la producción hidrocarburífera fuera del Chaco, pero lo hace reestructurando el famoso 45% que desde hace años recibe la región chaqueña, lo que ha encendido las alarmas sobre la posibilidad de un nuevo ciclo de litigios y descoordinación institucional.

Un nuevo mapa de reparto

El articulado de la ley, es de carácter claramente redistributivo, establece lo siguiente: El 45% para el Chaco, pero con una salvedad crucial,será “deducible de la producción efectiva de hidrocarburos de su jurisdicción territorial”. Es decir, el Chaco ya no recibirá el 45% del total de regalías departamentales, sino el 45% deducido sólo de lo que produzca su territorio. Si su producción baja, su participación también.

La norma establece el 38% para nuevas provincias productoras (Arce, O’Connor y otras que se sumen en el futuro). De este monto, el 50% irá directo a los municipios de esas provincias y el otro 50% será ejecutado por la Gobernación en salud para esas mismas jurisdicciones.

Asimismo, establece el 7% de “regalía solidaria” para municipios de provincias no productoras, financiado con recursos de la producción de Arce y O’Connor. El 55% restante se mantiene en cabeza del Gobierno Departamental.

Una ley contra otra ley

El principal escollo que enfrenta la norma no es solo político, sino legal. El 45% de regalías que hoy recibe el Chaco está establecido en una ley nacional, incluso anterior a la Constitución Política del Estado (CPE), que blindó el pacto fiscal tarijeño de aquella época.

Esto genera un conflicto normativo interno: ¿Puede una nueva ley departamental modificar o “reinterpretar” lo que una ley nacional ya estableció de manera clara y que durante años ha regido la distribución?

La voz de un experto

El experto en derecho autonómico Esteban Ortuño explica que, no existe jerarquía entre ley nacional, departamental o municipal, y lamenta que algunos actores políticos en vez de defender la autonomía opten por el centralismo.

Ortuño detalló que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha establecido en una profusa jurisprudencia constitucional que no existe diferencia jerárquica entre estas normas, sino que rige el principio de competencia y no el de jerarquía normativa.

“Primero tenemos que hablar del tema de la competencia para luego referirnos al tema de la jerarquía y justamente en el tema competencial el TCP a través de la declaración 170/2016 establece que las regalías, lo tiene que definir la distribución interna la Asamblea Departamental, es claro, no hay donde se pueda perder”, expuso.

Mencionó que en el caso de las regalías, son una compensación por el daño ambiental que se realiza en territorio de donde se extrae la riqueza hidrocarburífera, y de ahí es que la redistribución debe ejecutarse de manera equitativa, y no por factores poblacionales o geográficos.

“La gente del Chaco tiene razón en decir que existe una ley nacional, pero esa ha sido emitida antes de la promulgación de la CPE, es decir, es una ley preconstitucional y ¿cómo se manejan estas leyes preconstitucionales? La respuesta lo encontramos en el artículo 11 de la Ley Marco de Autonomías, que establece que estas normas van a tener vigencia en cuanto no se desarrollen o creen normas específicas sobre la materia emitidas por entidades territoriales”, puntualizó.

Ortuño aseguró que la vigencia del 45% que cobra el Chaco, es porque no había otra norma que establezca lo contrario, pero ahora al existir una ley departamental ya no tiene razón de ser la norma nacional y queda inaplicable la ley preconstitucional.

“Por más Región Autónoma que sea, tenemos que recordar que la Ley Marco de Autonomías y la CPE no otorgan competencias a las regiones autónomas, solamente ejercen competencias que son transferidas desde los gobiernos departamentales, pero si revisamos el artículo 75 de esta ley, nos damos cuenta que los marcos competenciales no implican la facultad legislativa, entonces esas competencias aún las conserva el gobierno departamental”, expuso.

Consultado si esta norma debería ser promulgada por el Gobernador, Ortuño manifestó que previamente se tiene que analizar la afectación que va a tener al Gobierno Regional y seguir el procedimiento que corresponda. Agregó que frente a las implicancias legales que pueda tener, debería el TCP quien lo resuelva.

El Chaco ratifica que la ley es inconstitucional

El asambleísta departamental por el Chaco, Álbaro Ojeda, calificó de inconstitucional la ley departamental que redistribuye el 45% de las regalías hidrocarburíferas. Afirmó que los recursos que llegan al Chaco están blindados por normas nacionales. Adelantó que asumirán acciones de inconstitucionalidad y de ilegalidad.

Desde el otro lado, dirigentes de sectores sociales de los municipios de Entre Ríos, Padcaya y Bermejo han aplaudido la aprobación de esta norma.

Empero, ha habido voces que han advertido que con esta ley se están redistribuyendo recursos que Tarija cada vez recibe menos y que en un tiempo ya no van a llegar. Poniendo en debate, la necesidad de un nuevo pacto fiscal.