Críticas al incremento salarial fijado para las empresas estatales

Mediante el Decreto Supremo N° 5461, fechado el 22 de septiembre de 2025, el presidente Luis Arce Catacora oficializó un incremento salarial de hasta el 5% para trabajadoras y trabajadores de empresas públicas y aquellas con participación mayoritaria del Estado central. La norma, publicada en la Gaceta Oficial, beneficia a empresas bajo tuición de los ministerios de Hidrocarburos y Energías, Obras Públicas, Minería y Metalurgia, y Economía y Finanzas Públicas.

Sin embargo, la medida no ha estado exenta de polémica. Desde Tarija, organizaciones cívicas y sociales han expresado su rechazo, acusando al Gobierno de utilizar los recursos del Estado para “congraciarse políticamente” con su base funcionarial, en un contexto donde regiones enfrentan desabastecimiento de carburantes y recortes en inversión pública.

¿Qué establece el decreto?

El DS 5461 detalla que el incremento salarial será retroactivo al 1 de enero de 2025 y deberá ser pagado a más tardar el 30 de septiembre de este año. Entre las empresas beneficiadas se encuentran: ENDE y sus filiales (como ENDE Andina, ENDE Corani, ENDE Transmisión, entre otras); ENTEL S.A.;Empresas mineras como Vinto, Colquiri, Huanuni y Corocoro; y La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

El decreto incluye exclusiones específicas para altos cargos como gerentes generales, nacionales, regionales, subgerentes y personal con salarios superiores a Bs 12.148 en el caso de las filiales de ENDE.

El financiamiento del aumento deberá provenir de recursos propios de cada empresa, sin afectar precios de servicios ni utilizar transferencias del Tesoro General de la Nación.

Fundamento legal vs crítica social

El Gobierno fundamenta la medida en mandatos constitucionales y leyes previas que exigen que los incrementos salariales se autoricen por decreto supremo y se financien con utilidades operativas. Se argumenta que es una forma de garantizar “una remuneración justa” para los trabajadores del sector público.

No obstante, desde Tarija, voceros del Comité Cívico y la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) han calificado la norma como “un golpe a las regiones” y un desatino más del presidente Arce, más cuando apenas quedan semanas para que deje el Gobierno.

El presidente del Comité Cívico, Jesús Gira, manifestó que este es un decreto inconstitucional y una decisión unilateral del gobierno de Arce para premiar “la flojera” de los servidores públicos que en campaña salían a gritar a las calles “lucho no está solo”.

“Esto es algo que no se puede concebir, tampoco puede ser viable, porque cuando se constituyen estas empresas estatales son financiadas por el Banco Central de Bolivia y algunas de estas no han llegado a pagar su costo, como también se tiene otra mayoría de empresas que son deficitarias”, puntualizó.

Gira lamentó que en plena crisis económica del país, el presidente Arce adopte medidas de carácter político para congraciarse con sus seguidores. Enfatizó que en esta etapa de transición, ya no deberían darse este tipo de medidas.

Una postura similar ha sido expresada por el presidente de la Fedjuve, Celestino Barro, quien explicó que actualmente los vecinos están sobrellevando la crisis económica e inflación, e incluso reclamando a las entidades competentes para que hagan bajar el precio de los productos de la canasta familiar, pero sale el Gobierno con este tipo de medidas.

“Nosotros estamos constantemente saliendo a pedir a las autoridades para que se bajen los sueldos, justificando ante la población las medidas para que no suba la canasta básica familiar, pero encima se dan estas cosas, entonces mañana ya los comerciantes dicen ‘hay un incremento y no voy a bajar los precios’, entonces esto nos va a llevar a un enfrentamiento entre vecinos”, mencionó.

Barro recordó que existe más de un centenar de pedidos al Gobierno para que pueda solucionar el abastecimiento de carburantes, pero hasta ahora no ha podido garantizar el normal suministro argumentando que no cuentan con recursos económicos, sin embargo, adopta este tipo de medidas.

De refilón el gobernador de Tarija, Oscar Montes, ha calificado de “irresponsable” seguir creando obligaciones financieras al Estado cuando ya no se cuenta con recursos económicos para cumplir, peor cuando se arrastra un déficit fiscal.

Enfatizó, que no es prudente adoptar este tipo de medidas, cuando el gobierno ya se encuentra de salida.

Cuestionamiento
La Fedjuve y Comité Cívico cuestionan que a semanas de dejar el gobierno, Luis Arce apruebe medidas económicas que afectan al Estado

Romero recomienda austeridad en medio de la crisis

Sobre este tema, el economista tarijeño, Fernando Romero, señaló que en este contexto de crisis económica, lo que se debería priorizar son medidas de mesura y austeridad. Enfatizó que adoptar este tipo de medidas al finalizar la gestión del actual gobierno solamente refleja un actuar político.

Romero enfatizó que en este último tiempo se están advirtiendo la toma de medidas populistas en favor de ciertos sectores que han apoyado y son parte del actual gobierno, pero generando cargas económicas importantes para el Estado.

Advirtió que para este año, las proyecciones es que Bolivia llegue con un déficit fiscal del 11%, esto considerando los incrementos salariales y operaciones financieras que se están ejecutando en estos últimos meses.

Consultado de cuanto puede suponer a las empresas estatales en términos económicos esta medida, Romero estimó que se beneficiará a más de 3.000 empleados, pero dijo desconocer el impacto que tendrá en estas empresas.

“Se está haciendo este incremento salarial como si fuese una gran decisión, pudiendo talvez incluir estos recursos en otras partidas, según las necesidades que tiene la población y que en ese caso las demandas van desde los dólares, control de inflación y que no falten carburantes”, mencionó.

Consultado si es que se justifica este incremento, Romero dejó entrever que no, sin embargo, refirió que las personas que trabajan en las empresas estatales también están sufriendo la crisis económica y desde un punto de vista social se ve equitativo, pero también dejó ver que quienes gozan de estos espacios laborales tienen sueldos elevados a comparación de las instituciones públicas como alcaldías o gobernaciones.