Municipios no tienen fondos para atender los desastres naturales

La mayoría de los gobiernos municipales del departamento de Tarija se declararon en estado de emergencia debido a la falta de recursos económicos para atender los fenómenos naturales que golpean con más frecuencia a la región. Granizadas, inundaciones, sequías y heladas, vinculadas al impacto del cambio climático, han puesto en aprietos a las alcaldías, que se ven obligadas a gestionar apoyo ante las autoridades departamentales y nacionales con el fin de socorrer a las familias damnificadas.

Los municipios más afectados hasta la fecha son Cercado, San Lorenzo, El Puente y parte de Entre Ríos, donde se registraron torrenciales lluvias y granizadas que destruyeron hasta el 80% de la producción agrícola. Mientras que en Villa Montes, Caraparí, Yunchará y Bermejo la sequía amenaza con arrasar los cultivos, la ganadería y hasta las fuentes de agua potable en varias comunidades.

En Cercado, el secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Trigo, informó que se está apoyando a las familias afectadas por la última granizada mediante la entrega de bombas antigranizo, fertilizantes y plantines. Sin embargo, reconoció que la magnitud de los daños requiere respaldo externo. Distritos rurales como Tolomosa, San Jacinto, Yesera Norte, Yesera, San Sebastián y otras comunidades reportaron pérdidas de hasta el 80% en cultivos de arveja, maíz, papa, cebolla y hortalizas.

En El Puente, el panorama también es crítico. Las granizadas recientes dañaron la producción de durazno en los valles de Tomayapo y Paicho, con pérdidas que superan el 60%. A ello se suma la afectación en la cuenca del río San Juan del Oro, donde los cultivos de zanahoria y cebolla quedaron seriamente dañados. En zonas como Huarmachi e Iscayachi, si bien la producción agrícola sufrió menor impacto, sí se registraron daños en el ganado menor, según informó el ejecutivo de la Central Única de Comunidades Campesinas, Yamil Méndez.

Seguro La Asociación de Regantes solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar leyes crediticias y crear un seguro agrícola que garantice la recuperación de su inversión

Por su parte, el alcalde de San Lorenzo, Asunción Ramos, indicó que en su municipio también se presentaron lluvias con granizo, aunque hasta el momento los daños no alcanzaron a la producción agrícola. Aun así, advirtió que la falta de presupuestos limita la capacidad de respuesta, ya que en gestiones pasadas las alcaldías disponían de fondos especiales para mitigar este tipo de emergencias. Ramos pidió la cooperación urgente de los niveles departamental y nacional para enfrentar los efectos del cambio climático en la región.

Las familias campesinas, que dependen casi en su totalidad de la agricultura y la ganadería, se declararon en estado de emergencia ante el insuficiente apoyo institucional. Denunciaron que los programas y proyectos de asistencia no llegan con la rapidez ni la cobertura necesaria. A esta crisis se suma el incremento de los precios de fertilizantes y agroquímicos, que en esta gestión se triplicaron, encareciendo las hojas de costos y reduciendo la capacidad de producción.

“El campo ya no puede enfrentar solo las consecuencias del cambio climático. Necesitamos apoyo técnico, créditos y proyectos reales para producir, de lo contrario nuestras comunidades se van a vaciar”, advirtió el exdirigente de la subcentral de Tolomosa, Santos Vega.

Mientras tanto, los municipios esperan que las autoridades nacionales respondan con planes de contingencia más amplios y sostenibles, ya que el cambio climático dejó de ser un problema eventual para convertirse en una amenaza constante que pone en riesgo la seguridad alimentaria del departamento y del país.

Campesinos utilizan las bombas caseras

Las familias campesinas del Valle Central de Tarija recurren a bombas caseras para proteger sus cultivos de hortalizas, viñedos y frutales frente a las granizadas, principalmente en los municipios de Uriondo, Cercado y San Lorenzo.

El asambleísta departamental Eider Quiroga señaló que este método ha demostrado eficacia, ante la falta de resultados de proyectos institucionales, como mallas o radares antigranizo, costosos y poco accesibles para los productores.