Sequía e incendios amenazan las fuentes de agua en Tarija

La Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG-IG) y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Región Autónoma del Chaco (FSUTCRACH) declararon estado de emergencia debido a la sequía que golpea a varias comunidades. La falta de lluvias y los incendios, que provoca el aumento de las temperaturas, redujeron hasta en un 40% los caudales de ríos, reservorios y represas, poniendo en riesgo la seguridad hídrica, la producción agrícola y la ganadería.

El ejecutivo de la FSUCCT, Tomás Velázquez, informó que las temperaturas llegaron a 30 grados en el valle central y superaron los 40 grados en la región chaqueña durante agosto y septiembre, intensificando el déficit hídrico. “Estamos atravesando una sequía extrema, que afecta los niveles de agua en las cuencas, donde han bajado drásticamente y peligra el riego agrícola y el abastecimiento para el ganado”, declaró.

Los municipios más golpeados son Yunchará, El Puente, Padcaya, Entre Ríos, Bermejo, Cercado, Caraparí y Villa Montes, donde los atajados y reservorios se encuentran en niveles críticos. En estas zonas se teme que miles de hectáreas de cultivos de papa, maíz, hortalizas y forraje, así como el ganado bovino y caprino, se vean afectados si no se registran precipitaciones en las próximas semanas.

El de Yacuiba René Rollano explicó que varias comunidades ya reportaron dificultades para abastecerse de agua potable. “Las temperaturas de más de 40 grados provocaron que muchos ríos reduzcan su caudal. No solo peligra la agricultura y la ganadería, sino también los sistemas de agua potable de varias comunidades”, advirtió.

Por su parte, el dirigente guaraní René Arevayo señaló que las familias de los pueblos Guaraní, Weenhayek y Tapiete aún no pudieron iniciar la siembra de granos básicos como maíz, debido a la falta de humedad en los suelos. “Varias comunidades ya no tienen agua ni para el consumo humano. La situación es muy crítica y pedimos al Gobierno nacional que se activen de inmediato planes de contingencia”, manifestó.

El Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua (Sedegia) informó que se activaron medidas de control en las principales represas del departamento para regular los ciclos de riego y garantizar agua al menos hasta diciembre. Su director, Alan Echar, explicó que la planificación busca priorizar el consumo humano y la campaña agrícola de verano.

En paralelo, las organizaciones campesinas solicitaron al Gobierno nacional y departamental la dotación de cisternas móviles para trasladar agua a las comunidades más alejadas, así como recursos para perforación de pozos profundos y asistencia técnica para optimizar el uso de los sistemas de riego.

Según reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la ausencia prolongada de lluvias podría extenderse hasta noviembre. Y aunque la tarde del domingo se registró una intensa lluvia con granizo, esto no ha sido suficiente, porque sólo fue en algunas zonas y la intensidad provoca daños en los cultivos y el agua no penetra el suelo, sino que corre por la superficie.

Los incendios y desmontes agravan la situación

Los incendios forestales arrasaron en 2024 más de 10 millones de hectáreas en distintas regiones del país, con graves consecuencias para las cuencas acuíferas, la flora y la fauna. Pese a la magnitud del daño, instituciones y familias campesinas denuncian la falta de propuestos efectivos de las autoridades para enfrentar este y otros problemas ambientales, como la deforestación y la urbanización en zonas de reserva hídrica.

Bolivia cuenta con 22 áreas protegidas nacionales que abarcan 17 millones de hectáreas, además de 25 departamentales con 5 millones y 84 municipales con 2,5 millones, lo que en total representa el 27 % del territorio nacional.

La pérdida de bosques por incendios es un drama recurrente: en 2010 se quemaron 2 millones de hectáreas, en 2019 fueron 5,3 millones y en 2024 la cifra se duplicó. La Fundación Tierra advierte que, de no controlarse los chaqueos, el desastre podría alcanzar los 13 millones de hectáreas, profundizando la crisis ambiental y poniendo en riesgo el equilibrio ecológico del país.