TCP ordena a la Gobernación cumplir con la nivelación salarial a trabajadores en salud

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió el Auto Constitucional Plurinacional 0008/2025-O, confirmando una resolución que obliga al Gobernador de Tarija, Oscar Montes Barzón, a cumplir de manera inmediata con el pago de la nivelación salarial adeudada a trabajadores de salud. Según información proporcionada por el diputado Edwin Rosas, el monto que se estima es de al menos 50 millones de bolivianos.

La sentencia surge como respuesta a una queja por incumplimiento presentada por cinco trabajadores de la salud –Sulma Martínez Sulca, Angelo Medinaceli Chiri, Ricardo Marcelo Jerez Urriolagoitia, Andrés Adilzon Serrudo Achacollo y Ronald Roger Cortez Michel– quienes denunciaron que la Gobernación de Tarija no acató lo ordenado en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0861/2024-S3, emitida el 1 de octubre de 2024.

Sin embargo, según la Ley Departamental N°104 de Creación de Ítems de Salud y Escala Salarial, promulgada en enero de 2014, son 629 ítems que dependen de la Gobernación, es decir, 629 trabajadores con los que se debe cumplir la nivelación salarial.

Antecedentes

La SCP 0861/2024-S3 ordenaba al Gobernador de Tarija iniciar, en un plazo máximo de 10 días, el trámite para la aprobación de modificaciones en la estructura de cargos, escala salarial y planilla presupuestaria del sector salud, financiado con recursos propios de la Gobernación, provenientes de regalías hidrocarburíferas.

Sin embargo, en lugar de proceder conforme a lo ordenado, la autoridad departamental –mediante notas oficiales– solicitó al Ministerio de Salud y Deportes y al Ministerio de Economía y Finanzas que asuman el financiamiento del reajuste, argumentando “insolvencia financiera”. Esta maniobra fue calificada por el TCP como un “cumplimiento distorsionado” de la sentencia, es decir, un intento de evadir su obligación.

El fallo confirma obligación

La Sala Cuarta Especializada del TCP, a cargo de la magistrada Isidora Jiménez Castro, confirmó la Resolución 321/2024 del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró “ha lugar en parte” la queja por incumplimiento.

El TCP determinó que la Gobernación sí incurrió en incumplimiento al distorsionar el mandato judicial, al pretender transferir la responsabilidad económica al nivel central del Estado, cuando la sentencia ordenaba claramente que fuera con recursos departamentales.

El Auto Constitucional ordena que el Gobernador debe reencausar inmediatamente el trámite de aprobación del reajuste salarial ante los ministerios correspondientes, pero sin desviar la responsabilidad del financiamiento, que debe ser asumido por la Gobernación.

Además, impone una multa coercitiva de Bs 500 por día de retraso, que comenzará a regir si en un plazo de tres días a partir de la notificación el Gobernador no acredita haber reiniciado el trámite correctamente.

Se advierte con la remisión de antecedentes al Ministerio Público por posible comisión del delito de incumplimiento de deberes (art. 179 bis del Código Penal) si persiste el incumplimiento.

Implicaciones económicas

Aunque el monto exacto no se explicita en el documento, el diputado Rosas mencionó que según cálculos basados en la Ley Departamental 410 (de Reajuste Salarial para ítems de salud) estiman que la deuda salarial con el personal de salud supera los 50 millones de bolivianos. Este pago beneficiaría a cientos de trabajadores que durante años han reclamado equiparar sus salarios con los del nivel nacional.

“Está claro que no podemos permitir que las autoridades cometan semejantes errores administrativos y el día de mañana se vayan tranquilos a sus casas, dejando una deuda enorme en la Gobernación”, expuso Rosas, a tiempo de comparar este caso con lo sucedido con el Sedeca, en donde también se presume un daño económico al Estado.

Rosas aseveró que esta sentencia está vigente y las multas están corriendo, agregó que Montes no tiene argumentos para seguir esquivando el cumplimiento de dicha disposición legal.

Asimismo, recordó que la Ley 410 está vigente desde hace cinco años y la Gobernación debe asumir la nivelación salarial de todo este periodo, lo que suma más de 50 millones de bolivianos para beneficiar a los más de 600 trabajadores en salud.

 “Imagínense, 50 millones que tenemos que pagar de un solo saque, eso es alta incapacidad para poder llevar adelante las finanzas de una gobernación”, indicó.

El efecto boomerang de la Ley 410

Cabe recordar que la Ley 410 ha sido impulsada por María Lourdes Vaca cuando era asambleísta departamental, en la oportunidad con esta norma había exigido al exgobernador Adrián Oliva a que pueda realizar una nivelación salarial para los trabajadores en salud.

Sin embargo, al terminar su gestión legislativa, Vaca asume la Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación acompañando al equipo de Montes, y le correspondía hacer ejecutar dicha normativa, pero tras acudir a la justicia, esta queda temporalmente paralizada.

Montes se estrella contra los hermanos Rosas

El gobernador de Tarija, Oscar Montes, se estrelló contra los hermanos Edwin Rosas que es diputado y Francisco Rosas que funge como asambleísta departamental. Manifestó que estas personas solamente se dedican a hablar mal de su gestión, luego de que por más de 15 años “han comido de su mano”.

“Si ustedes miran todas las declaraciones de los hermanos Rosas, tienen una actitud enfermiza conmigo, cuando ellos han comido de mi mano durante 15 años y mucho más”, manifestó Montes a los medios de comunicación, evitando dar detalles del motivo de por qué se han distanciado cuando en otrora eran aliados políticos.