De 137 a 1.375 bolivianos, las multas que rigen por el periodo electoral

El reloj avanza hacia la jornada electoral del domingo 17 de agosto, y con él rige una de las fases más delicadas del proceso democrático, el silencio electoral. Este periodo, que inició 72 horas antes de la votación, prohíbe de manera estricta toda forma de propaganda política y establece sanciones económicas para quienes infrinjan las normas.

Desde el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, su presidente, Óscar Gutiérrez, confirmó que el órgano electoral realiza un monitoreo constante para verificar que candidatos, partidos y ciudadanos respeten las restricciones. “No se puede difundir ningún tipo de mensaje proselitista ni información que pueda influir en el voto. Además, desde 48 horas antes está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas”, recalcó.

Entre las prohibiciones vigentes se incluye la circulación de vehículos sin autorización durante el día de la votación. Según Gutiérrez, quienes infrinjan esta norma deberán pagar una multa de 550 bolivianos, y el motorizado será retenido hasta que concluya la jornada electoral.

La disposición se suma a una lista de sanciones contempladas en la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0428/2024, que regula las faltas electorales y sus respectivas multas en todos los procesos democráticos del país.

Los jurados electorales, responsables en el desarrollo de los comicios, también están bajo observación. Ausentarse de las juntas previas tiene una multa de 137,5 bolivianos (5% del salario mínimo); Abandonar la mesa sin permiso 825 (30%); No devolver el material electoral o incumplir horarios 825; Negarse a firmar actas, manipular resultados o abandonar la mesa sin justificación 1.375 bolivianos (50%).

Los notarios electorales, responsables de garantizar la legalidad de todo el proceso, enfrentan sanciones similares si omiten capacitar a jurados, retrasan la entrega de material o incumplen con sus reportes oficiales.

El voto en Bolivia es obligatorio, y no cumplirlo también tiene consecuencias. Quienes no acudan a las urnas deberán pagar 550 bolivianos (20% del salario mínimo) o enfrentar un bloqueo de 90 días para realizar trámites públicos, abrir cuentas bancarias u obtener pasaporte.

Existen, sin embargo, exenciones: personas mayores de 70 años; quienes puedan probar ausencia del territorio nacional; casos fortuitos o de fuerza mayor con respaldo documental.

Incluso después de votar, el ciudadano debe conservar y presentar su certificado de sufragio para no ser sancionado. Los servidores públicos que no exijan este documento en trámites oficiales también pueden ser multados con 550 bolivianos.

El TED Tarija ha desplegado equipos para supervisar que las restricciones se cumplan tanto en zonas urbanas como en el área rural. La institución advirtió que cualquier ciudadano puede denunciar violaciones a la normativa y que las multas no prescriben automáticamente, sino que deben ser pagadas para levantar cualquier restricción administrativa.