La Asamblea tiene en sus manos el futuro de los sueldos públicos

La directiva de la Asamblea Legislativa Departamental (ALDT) tiene previsto iniciar el debate y tratamiento del proyecto de Ley de Escala Salarial que presentó el gobernador, Oscar Montes. El documento ingresó a revisión en las respectivas comisiones de trabajo del legislativo y se espera hasta el 1 de abril los informes técnicos y económicos de la norma, para iniciar su tratamiento en el pleno del legislativo.

El presidente de la ALDT, Alan Barca, aseguró que existe predisposición de la Directiva y las cuatro fuerzas políticas que conforman la legislación departamental para abordar el tema en tiempo y materia, para reducir los salarios en la administración central, a consecuencia de la crisis económica y la falta de presupuesto para los gastos de funcionamiento y otros servicios en la Gobernación y la Asamblea.

La Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas del Departamento de Tarija (FSUCCT) respalda el proyecto de ley que presentó el Gobernador para la reducción de salarios en la estructura gubernamental. La dirigencia campesina instó a los asambleístas la aprobación a la brevedad posible de la nueva escala salarial para evitar conflictos sociales, sostuvo el dirigente de este sector, Herbert Quispe.

Entre tanto, el presidente de la Federación Departamental de Juntas de Vecinos (Fedjuve), Celestino Barro, advirtió con iniciar medidas de presión con las juntas vecinales de la capital a partir de la próxima semana, en caso de que se postergue el debate y tratamiento del proyecto de ley.

Cabe recordar que la Gobernación planteó un salario de 7.000 bolivianos para el gobernador, 6.800 para la vicegobernadora, para los asambleístas un monto de bolivianos 6.700, para un secretario departamental de 6.600, los subgobernadores ganarían 6.500, mientras, que el sueldo de un Director I sería de 6.300, Director II de 6.300, Responsable de Área 6.060 y Responsable de Unidad 6.000 bolivianos.

La Gobernación espera con esta nueva escala salarial ahorrar en gastos de funcionamiento más de 37 millones de bolivianos al año, recursos que serán destinados a cubrir los presupuestos de programas sociales y proyectos productivos en la capital y municipios.