Indagan bienes de la familia de la presunta víctima de Evo

Dentro del proceso contra Evo Morales por el presunto delito de trata y tráfico, este viernes concluye el plazo de reserva de la investigación que inició la Fiscalía de Tarija. Además, se instalará una audiencia a solicitud de su defensa para transferir la causa a Villa Tunari, aunque antes ya le fue negada. Mientras, el Ministerio Público investiga la actividad económica de todos los involucrados en este caso, incluyendo a la víctima.

Requerimiento

El Ministerio Público envió a los municipios de Yacuiba y Cercado un requerimiento fiscal para obtener información del exmandatario, de Idelsa Pozo y Emeterio Vargas, padres de la víctima y coimputados, como también de Cindy Saraí Vargas Pozo.

Si bien la joven ya es mayor de edad, cuando tenía 16 años habría dado a luz a la hija producto de su relación con Morales Ayma, el 2016, pero la relación habría iniciado uno a dos años antes. Como se investiga si su familia recibió beneficios económicos, la comisión revisará sus registros desde 2014 y no solo en Yacuiba, sino también en Cercado.

Los datos requeridos incluyen si hay negocios a nombre de cualquiera de estas personas, si figuran en alguna transferencia de actividad económica registrada, su registro de pago de impuestos municipales y si aparecen como titulares para la facturación de servicio de electricidad.

El alcalde de Tarija, Johnny Torres, confirmó que el Municipio entregará todos los datos requeridos y cooperará con el proceso.

Cambio de jurisdicción

A las 11:00 horas las partes deben conectarse a la plataforma virtual del Órgano Judicial. La defensa de Morales solicitará que la causa se lleve al municipio de Villa Tunari, donde él reside. Eso significaría también dar la competencia a la Fiscalía y a un juzgado de Cochabamba.

Previamente, sus abogados Nelson Cox y Jorge Pérez argumentaron que debe aplicar el criterio de juez natural. El mismo establece que se define la jurisdicción dependiendo del lugar donde radica el imputado. Sin embargo, también hay otras variables, como la residencia de la víctima que debe ser protegida, o el lugar donde ocurrieron los hechos.

La Sentencia Constitucional 22/2024 del 26 de septiembre anulaba la orden de aprehensión y remitía el archivo a Cochabamba. La Fiscalía de Tarija respondió con otros recursos para mantener la tutela. El 10 de octubre el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Quinto de esta capital abría la posibilidad de redirigir el proceso a Yacuiba, pero no al Chapare.

Hace dos semanas Cox intentó que un juzgado de Cochabamba pida la causa, también solicitó extinguir el proceso, pero el mismo prosigue.

La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, en su última conferencia señaló haber “perdido la cuenta” de los recursos que presentó la defensa. Además, adelantó una nueva orden de captura y convocó a la madre de la víctima a cooperar.