Ex concejales de Yacuiba demandan el pago de más de Bs. 3 millones por el bono frontera

Desde el año 2022 hasta la fecha, un total de 20 demandas han sido presentadas por ex concejales de Yacuiba en relación al pago del bono frontera. Las demandas, iniciadas a partir del mes de julio, involucran tanto a concejales de la gestión actual como de la anterior, quienes buscan el reconocimiento y pago de beneficios pendientes. La concejal Janeth Díaz informó sobre la situación y las medidas que se están tomando.

La edil Díaz señaló que actualmente no se dispone de recursos económicos en el concejo municipal y la Alcaldía para atender estas demandas. Sin embargo, aseguró que se analizará la situación junto a un equipo de abogados con el fin de encontrar una solución viable.

Entre los demandantes, se encuentran 4 concejales de la gestión 2023 y 16 ex concejales de la administración anterior. Sus demandas incluyen el pago por concepto de bono frontera y vacaciones. Algunos de los montos exigidos por los ex concejales son los siguientes:

• Ana María Soria Peña: 192.689 bolivianos.
• Erlinda Urzaste Ortíz: 68.989 bolivianos por subsidio de frontera y vacaciones.
• Andrés Aguirre F.: 188.100 bolivianos.
• Freddy Nuñez B.: 189.375 bolivianos.
• Ramiro Coya Soliz: 214.945 bolivianos.
• Richard Coca: 186.958 bolivianos.
• Lilian Gabriela Lozano: 218.683 bolivianos.
• Wilson Villegas Chambi: 214.945 bolivianos.
• Patricia Callizaya Cejas: 261.837 bolivianos.
• Maribel Molina Sánchez: 133.526 bolivianos.
• Adriana Flores: 214.945 bolivianos.
• Luis Marca: 188.404 bolivianos.
• Hilda Cardona (madre de ex concejal): 183.565 bolivianos.
• Jackeline Rocabado: 283.124 bolivianos.
• Ana María Zurita: 24.877 bolivianos.
• Jorge Luis Barrenechea: 189.807 bolivianos.
• Ana Urzagaste: 364.850 bolivianos.
• Angelica Villagómez Díaz: 211.391 bolivianos.
• Agapito García Vela: 205.301 bolivianos.
• Sandra Orellana (exalcaldesa): 189.775 bolivianos.

La suma total de los montos demandados por los ex concejales alcanza a una cifra de más de 3 millones de bolivianos. El proceso legal en torno a estas demandas ha sido iniciado, y se espera que las partes involucradas puedan llegar a una resolución en base a las normativas y consideraciones legales pertinentes.