Surgen contradicciones por la minería ilegal en Huarmachi

Ante las recientes acusaciones de explotación minera ilegal en la comunidad de Huarmachi, perteneciente al Municipio de El Puente en el departamento de Tarija, los comunarios a través del secretario general del distrito Orlando Chauqui, han salido a desmentir rotundamente estas afirmaciones.  

Chauqui afirmó que la actividad minera en Huarmachi fue paralizada por decisión de la comunidad en una asamblea general a fines de 2021, debido a problemas con otros diputados y entidades externas. Asimismo, hizo hincapié en que cualquier persona que desee acceder a los yacimientos y minas debe contar con los permisos legales correspondientes y respetar las normas y organización de la comunidad.

El secretario general destacó que las familias de la comunidad se encuentran en estado de emergencia debido a la invasión de algunas personas, en su mayoría forasteros que estarían intentado establecerse en Huarmachi para explotar ilegalmente los yacimientos de plomo y plata, lo cual genera tensiones y conflictos en la comunidad.

A su vez, desmintió enfáticamente las declaraciones de Jorge López, quien se presentó como representante de la comunidad de Huarmachi. Aclaró que López no es residente de Huarmachi, sino de Atocha, y que sus intereses personales en el tema minero lo llevaron a difundir información falsa y perjudicial para la reputación de la comunidad.

Además, a través de un voto resolutivo, la comunidad condena la intromisión del señor Jorge López, quien sin ser comunario y bajo el título de asesor estaría causando problemas dentro de Huarmachi en relación al tema minero. Se asegura que López estaría intentando apropiarse abusivamente, a través de mentiras, del área minera La Huarmacheña.

Por otro lado, se ha conocido que Jorge López presentó una acusación formal contra Saúl Perales Guerrero, ex alcalde de El Puente, por extracción ilegal de minerales de plata y plomo en Huarmachi, lo que supuestamente ha causado un daño económico al estado y a la comunidad.

Esta denuncia fue interpuesta ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en abril de 2022. El caso ha llegado a instancias judiciales en el municipio de San Lorenzo, donde recientemente se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares en la que un juez determinó restricciones al imputado y su prohibición de acercarse a la zona previamente explotada.