Paro en Yacuiba, el Transporte instalará 15 puntos de bloqueo

Pese a que hubo un margen de espera, el Gobierno nacional no respondió el pliego de demandas establecido por el Comité Cívico de Yacuiba, por ello, este miércoles 31 de agosto y jueves 1 de septiembre se realizará un paro con bloqueo de caminos y calles. El Transporte sindicalizado, que apoya esta movilización confirmó que se instalarán al menos 15 puntos de bloqueo.

El delegado presidencial en el departamento de Tarija, Marcelo Poma, no descartó buscar un acercamiento para conocer a detalles las demandas, aunque puso en duda la legitimidad de los cívicos.

Cabe recordar que las demandas cívicas estaban dirigidas a los ministerios de Salud, Hidrocarburos, Obras Públicas, de Planificación, Medio Ambiente y de Gobierno.

El pliego de peticiones establece: ítems de salud, la instalación y funcionamiento de una sala de radioterapia y quimioterapia en Yacuiba, atención inmediata de la contaminación del río Pilcomayo, la subvención del 50% al precio del megavatio que se produce con gas chaqueño en la Termoeléctrica del Sur, la construcción de la doble vía en la Ruta Fundamental Nº 9 Tramo Campo Pajoso-Villa Montes, garantizar el estudio y la construcción del túnel del Aguaragüe con el 100% de presupuesto a cargo del Gobierno Nacional. Además, rechazan el estudio del nuevo factor de distribución de los campos Margarita-Huacaya, que implica la reducción de recursos por concepto de renta petrolera. Entre otras varias demandas.

Edson Arratia, dirigente del Transporte de Yacuiba, confirmó que los bloqueos se ejecutarán en carreteras y calles del municipio. “En otras palabras, estamos hablando de la paralización total de Yacuiba”, dijo, a tiempo de recalcar que todo transporte unificado, que comprende sindicatos y cooperativas, se sumará a la medida de presión.

La medida de presión solo se realizará en la ciudad de Yacuiba, aunque hay demandas que implican a los otros municipios del Chaco, como la doble vía Yacuiba-Villa Montes, el mantenimiento de la ruta Yacuiba — Caraparí, solución a la contaminación del río Pilcomayo, o la reducción en un 50 por ciento en la tarifa de energía eléctrica, tomando en cuenta que ahí se halla la Planta Termoeléctrica del Sur.

Arratia aseguró que no hubo acercamiento de las autoridades nacionales ni departamentales. A excepción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), al que se le pide que renuncie como agente de retención de los 0,20 centavos por el gas natural que se comercializa en las estaciones de servicios que operan en la Región Autónoma del Chaco para el Programa de GNV. Esto debido a que, supuestamente, la estatal petrolera tiene una deuda de 1.401.914,97 bolivianos.

“Yacimientos no está haciendo el depósito a las cuentas del Programa”, dijo el dirigente del Transporte, quien consideró que una posible solución es que la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas) retome la retención de los 0,20 centavos o que el programa departamental se vuelva ente de retención para la Región Autónoma del Chaco.

Delegado cuestiona legitimidad de los cívicos

El delegado presidencial en el departamento, Marcelo Poma, dijo desconocer las demandas de los cívicos de la ciudad de Yacuiba. Recalcó que se ha enterado de la movilización por los medios y redes sociales, ya que a su oficina no llegó ningún requerimiento formal de reunión.

Poma no descartó buscar un acercamiento con los demandantes, sin embargo, puso en duda la legitimidad de los cívicos, por considerar que ya no actúan por reivindicación social.

Como ejemplo, el delegado mencionó la demanda para el sector salud, y recordó que el 12 de agosto el presidente Luis Arce Catacora anunció una inversión de más de 130 millones de bolivianos para el Hospital Fray Quebracho, así como ítems para fortalecer la red de salud del Chaco.

“Creo que la gente ha perdido confianza en los comités cívicos, porque, de un tiempo a esta parte, se han convertido en un trampolín político, o en un espacio que la Gobernación ha utilizado para causar convulsión”, señaló Poma.

Al confirmarse el paro, espera que sea voluntario y no se obligue a la ciudadanía a asumir esa medida de presión, que calificó de perjudicial para los sectores que generan economía, como el comercio.