Procesos en la UAJMS Tarija se juzgan con reglamento que data de 1998
La Comisión Jurídica de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) recibió 64 denuncias para procesos universitarios. La normativa para ese fin data desde el año 1998



El Reglamento de Procesos Universitarios en la Juan Misael Saracho (UAJMS) no establece una protección para los denunciantes o víctimas, según constató una docente e integrante del Consejo Facultativo de Ciencias Jurídicas y Políticas, además que la normativa data desde el año 1998 y necesita una actualización.
La denuncia en contra de la docente María Guadalupe Arandia Prada, de la carrera de Derecho, movilizó a las autoridades como nunca antes para atender las demandas de los estudiantes, además de acelerar los procesos de investigación ante la presión social surgida en las redes sociales y los medios de comunicación.
Edgar Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, informó que a la fecha recibieron 64 denuncias para procesos universitarios, sin embargo, no tenía desagregado cuántos eran en contra de docentes, estudiantes y administrativos. Pero, aseguró que de esa totalidad solo faltaba remitir informes de unos tres o cuatro.
Observan que falta actualizar el reglamento de procesos universitarios en la UAJMS de Tarija
Sobre el caso en particular de Arandia, explicó que el Consejo Facultativo decidió abrir un proceso universitario en contra de la denunciada, por lo cual, será la Comisión Jurídica la que lleve la investigación y emita un informe. La última instancia está conformada por delgados docentes y estudiantes de otra facultad, además de la representación del personal administrativo.
Miriam Barrientos Villarroel, miembro del Consejo Facultativo, con documentación en mano dijo que se debe hablar con sinceridad, pues observó que la normativa de procesos universitarios no otorga ninguna medida de protección o garantías a los estudiantes que denuncian. Sin embargo, está convencida de que hay otras formas para no dejar desamparados a los denunciantes, como los principios del Derecho u otro tipo de normativas.
Por otro lado, observó que los procesos universitarios se desarrollan bajo una normativa que data del año 1998, por lo que considera que necesita una actualización urgente, tomando en cuenta la experiencia de los últimos años y acontecimientos recientes ocurridos dentro de la estatal tarijeña.
“Las garantías son como en cualquier otro lugar que están en la Constitución Política del Estado, tanto para el denunciante como para el denunciado. Si no las hay en el reglamento, recurramos a la Constitución, que es la ley de leyes y de cumplimiento obligatorio – comentó Barrientos –Muchas de las sanciones son de suspensión, pero no se puede aplicar una sanción antes de concluir el proceso, sin embargo, se pueden ver formas. No sé a qué conclusiones llegó el Rector”.
El País junto a otros medios de comunicación quiso conocer la postura del rector de la UAJMS, Gonzalo Gandarillas, sobre el Consejo Facultativo, sin embargo, al solicitarle una entrevista respondió: “con ustedes no”. Horas más tarde, se hizo pública una resolución rectoral.
En el artículo segundo de ese documento, dice: “Disponer que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, adopte las medidas necesarias para el alejamiento temporal de la Dra. María Guadalupe Arandia Prada de las materias que imparte en la gestión II/2021, mientras dure el proceso de investigación y/o proceso universitario; debiendo para tal efecto asignarse otras funciones docentes a la citada profesional en el marco del art. 231 del Estatuto Orgánico de la UAJMS por la totalidad de las horas correspondientes a su condición de docente titular”.
Investigación no debe durar más de 45 días en la UAJMS
Adrián Vargas, representante estudiantil en el Consejo Facultativo de la UAJMS, explicó que como parte del cogobierno no les compete suspender de sus funciones a la denunciada (Guadalupe Arandia), pero sí harán seguimiento para que se cumplan los plazos estipulados en normativa. Por lo cual, calcula que la investigación no debe durar más 45 días, incluido apelaciones. El universitario espera que se haga justicia y no se “pisotee” a ningún otro compañero.