Las afiliaciones han seguido creciendo, pese a la “crisis”
El 17% de los afiliados a las AFP en Tarija son independientes
Empresarios y Profesionales reconocen que se abusa de la figura del “consultor” para abaratar costos laborales, pero recuerdan que es el Estado quien más utiliza esa figura para no crear ítems



El 17 por ciento de los trabajadores afiliados a la AFP en Tarija son independientes, es decir, que son ellos mismos quienes se pagan su cuota para poder acceder a la jubilación en el futuro. El dato es especialmente alto y solo superado por Oruro, departamento en el que el 23 por ciento de los trabajadores se paga su propia jubilación. Los expertos advierten que es una consecuencia directa del abuso de los contratos por consultoría, que encubren puestos de trabajo regulares en muchas instituciones, pero también se relaciona con comerciantes y otros sectores.
En números, según la publicación del Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos de las aseguradoras referidas al cierre del año 2020, en Tarija hay 105.263 afiliados a las AFP, de los que 87.697 son trabajadores regulares y 17.566 son independientes, lo que va desde ingenieros o abogados hasta trabajadoras de hogar, pero también muchos consultores.
En Bolivia, con 2.431.491 afiliados, el 10 por ciento se declara como trabajador independiente. Lo que pone a Tarija por encima de esa media junto a Oruro (24%), Beni y Potosí (14%), Pando y Cochabamba (13%). Chuquisaca está en la media, con 10%, y los dos grandes departamentos del eje, con unos 750.000 afiliados cada uno, están por debajo del promedio: La Paz tiene un 9% y Santa Cruz solo un 5%.
Por lo general se trata de trabajadores falsamente independientes, que dependen al 100 por ciento de una institución pero que no tienen un vínculo laboral con contrato, sino que se vinculan a través de consultorías u otras formas similares. En cualquier caso, se declaran ingresos mínimos y se paga el monto mínimo, aproximadamente el 13 por ciento del salario mínimo, es decir, unos 350 bolivianos.
Tanto la Federación de Empresarios como la Federación de Profesionales reconocen la existencia de estas prácticas en la empresa privada como una forma de optimizar rendimientos y pagar más al profesional, ya que consideran que el aporte patronal a la AFP es elevado y dificulta la contratación. Además, denuncian que esa práctica es común en las administraciones públicas, que vulneran la Ley abusando de las consultorías: “a ellos nadie les investiga ni les persigue el Ministerio de Trabajo, pero a los demás sí”.
La baja afiliación
En Bolivia existen 2.431.491 afiliados, que es un número relativamente bajo respecto a su población activa, que se estima en los 7 millones de ciudadanos, por lo que la informalidad sigue siendo muy alta. En Tarija se estima que solo un tercio de la población activa está afiliada a las AFP.
Con todo, la afiliación no ha parado de crecer desde 1998. Ese año en Tarija había 11.193 afiliados y en todo el país 463.170. El año 2007 se superó el millón de afiliados en el país mientras que en Tarija había 40.435, de ellos, solo 1.610 eran independientes.
En 2014, el año con mayores ingresos en el departamento, Tarija no había logrado doblar el número de afiliados y se mantenía con 73.667, pero los independientes habían pasado a ser 9.145. En Bolivia sumaban 1.794.228 cotizantes.
En 2019 Tarija superó los cien mil aportantes con 102.020 afiliados – 16.425 independientes – mientras que en Bolivia se alcanzó 2.373.688. A pesar de la crisis política y del Covid en 2019, las AFP no han perdido aportantes a nivel nacional ni en ninguno de los departamentos.
El destino oscuro de los aportes de los trabajadores
De los más de 21.000 millones de dólares ahorrados por los trabajadores y depositados en las dos AFP que operan en el país, apenas 300 millones de dólares están colocados en empresas de capital 100% boliviano. La mayor parte está colocada en bancos que, a su vez, financias empresas transnacionales que operan en el país. También una buena parte está colocada en el Tesoro General del Estado. Al momento, el Gobierno no avanza en la propuesta de devolución de parte de los aportes.