Organizaciones ambientales exigen a Luis Arce abrogación del decreto supremo relacionado a transgénicos

Activistas, investigadores/as y científicos de la Asamblea por los Bosques y la Vida Bolivia, presentaron una carta este martes 26 de enero, exigiendo al Presidente del Estado Plurinacional De Bolivia, Luis Arce Catacora y al Vicepresidente y Presidente de la Asamblea legislativa de Bolivia, David Choquehuanca, cumplir sus promesas electorales con la abrogación inmediata del Decreto Supremo 4232 relacionados a los organismos genéticamente modificados

Durante su campaña electoral ,Luis Arce Catacora, exigió a la entonces presidenta Jeanine Añez la abrogación del DS 4232, quien sostenía que "es ilegal y atenta contra la soberanía alimentaria, el patrimonio genético de Bolivia, la biodiversidad y la salud de todos los bolivianos’’.

De la misma forma, David Choquehuanca indicó hace 4 meses que: ‘’alterar los alimentos genéticamente obedece a intereses económicos que enferman nuestros suelos, al agua, al cuerpo y a la sociedad’’.

La carta argumenta que se trata de decretos que promueven e imponen un modelo de desarrollo insostenible que solo beneficia al sector del agronegocio y transnacionales, dado que el DS 4232 y el DS 4238 autorizan procedimientos abreviados anti científicos para maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados.

El DS 3874 autoriza procedimientos abreviados para la evaluación de la soya intacta y la soya HB4 y el DS 4348 enmarca la producción de maíz transgénico y rezonificación de tierras a pesar de que Bolivia es centro de diversidad del Maíz y está prohibido por ley atentar contra ese patrimonio.

En relación al Comité de Bioseguridad, encargado de llevar adelante la evaluación de eventos transgénicos, se resalta que el mismo carece de la capacidad científica y ética, puesto que varios de sus miembros presentan conflictos de interés para llevar adelante dicho procedimiento.

Este pedido se suma a la carta abierta y pronunciamiento presentados el 19 de mayo 2020 a la presidenta Jeanine Añez, en la que 300 organizaciones y 14 mil ciudadanos rechazaron los decretos supremos 4232 y 4238 aprobados en plena pandemia, así como también el Decreto Supremo 3874 Carta abierta al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia firmado por Evo Morales.

De igual forma, este pedido se suma a la Acción Popular presentada el 2020 para la suspensión de la aplicación del DS 4232 y DS4238, la cual actualmente se encuentra en espera de la resolución de Acción de Inconstitucionalidad Abstracta presentada al Tribunal Constitucional.