Suspenden hasta febrero audiencia contra Burgos en Tarija

La audiencia de medidas cautelares en contra del ex alcalde de Bermejo y ahora diputado, Delfor Burgos Aguirre, por el caso denominado “canasta alimentaria” tuvo que ser suspendida en virtud a que la autoridad habría acudido sin su abogado defensor, por lo que la misma fue reprogramada para febrero.

Desde el Ministerio Público confirmaron la imputación por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica, y que la nueva fecha dispuesta por la autoridad jurisdiccional es el 10 del siguiente mes en el Juzgado Primero Público y de Familia de Bermejo.

El País intentó contactarse en reiteradas oportunidades con Burgos para obtener una declaración al respecto; sin embargo, el parlamentario no respondió las llamadas y mensajes de nuestro medio de comunicación.

Antecedentes

El 3 de agosto de 2020 la Plataforma Cero Tolerancia a la Corrupción presentó la denuncia donde se revelaba presuntas irregularidades en la adquisición de productos para una canasta alimentaria que distribuyó el Gobierno Municipal de Bermejo a su población, como una medida de apoyo social a los sectores más necesitados durante la cuarentena por la crisis sanitaria del Covid-19.

Durante este periodo la alcaldía habría repartido un total de aproximadamente 7 mil paquetes alimentarios a familias de escasos recursos del área urbana y rural de ese municipio. De acuerdo al informe de la institución, cada una de las bolsas tendría un valor de Bs 100. Sin embargo, la denuncia señala que el valor total los productos no sumaría más de Bs 80, lo que denotaría un sobreprecio del 20 por ciento.

Además del sobreprecio, la denuncia indicaba que la licitación habría sido direccionada a dos almacenes, cada uno se habría adjudicado la mitad de los productos del paquete, compuesto por azúcar, aceite, arroz, fideo, mates, leche y otros insumos.

Posteriormente, fue la misma población que viralizó la denuncia a través de las redes sociales. Sin embargo, cuando el Concejo Municipal presentó un informe sobre el caso el mismo desvirtuó posibles hechos de corrupción argumentando que el saldo sería para cubrir gastos por concepto de la tramitación y facturación. Por esta razón, en un inicio el ente legislativo no se sumó a la denuncia ante el Ministerio Público.

Tras una auditoría, la Fiscalía determinó que habría indicios de la comisión de estos delitos por lo que se formalizó la imputación, no solamente en contra del ex alcalde, sino también en contra de la secretaria general de la Alcaldía, Dianeth Flores, como copartícipe.