Maestros de Tarija no levantan huelga, evalúan normas de educación

Los magisterios urbano y rural se dieron hasta este jueves 9 de julio para analizar las últimas disposiciones del Ministerio de Educación que optó por reajustar el calendario escolar y emitir los reglamentos específicos de complementariedad de modalidades de atención educativa de los subsistemas de enseñanza. Los profesores no descartan continuar con sus medidas de presión.

Según las nuevas disposiciones, de aquí en adelante, y no solo por la pandemia, se combinarán las cuatro modalidades en el sistema educativo: presencial, semipresencial, a distancia y virtual. Se presentaron los seis reglamentos específicos para la educación regular, educación alternativa y especial, y educación superior. Además, se estableció que el cierre del año escolar será el 22 de diciembre.

Acciones

Al respecto, la ejecutiva de la Federación de Maestros Urbanos Roxana Quezada anunció que este jueves se realizará un ampliado nacional del sector donde se adoptará una posición sobre las nuevas instrucciones emitidas por el ministro Víctor Hugo Cárdenas y se tomarán las decisiones del caso.

Por su parte, su similar de la Federación de Maestros Rurales, Efraín Sánchez – que junto a otros seis docentes mantiene una huelga de hambre -, apuntó que fue sorprendido por las nuevas disposiciones de esa cartera de Estado y las calificó de ser “un poco más flexibles que el Decreto Supremo 4260”.

“Es un poco difícil asumir una determinación porque debemos tener la reglamentación y las modalidades en la mano, hasta este jueves analizaremos la situación sobre qué es lo más conveniente y qué no para los maestros rurales”, anunció.

La educación en el área dispersa es muy diferente a la urbana, argumentó, aventuró que quizá la semipresencial o a distancia sean las más factibles, porque en la zona rural se tiene dificultades con el acceso a internet y qué medios de comunicación los apoyarán en este sentido.

Anunció que la Confederación del sector tendrá una reunión en la que se analizará la aplicación de las disposiciones emitidas, observar qué se debería priorizar en los contenidos educativos y su dosificación. “Lo que queremos es salvar la educación de alguna manera y ver qué se hará de ahora en adelante”, agregó.

Entretanto, mientras no tengan ese reglamento en detalle para su aplicación en el área dispersa, mantendrán las medidas de presión, como el piquete de huelga en Cercado, y otros que se han instalado en Bermejo, El Puente, Entre Ríos, Padcaya, Uriondo y San Lorenzo.

En la misma línea, la secretaria de Conflictos del Sindicato del Distrito Educativo de Uriondo, Mónica Mita Gallardo, expresó su preocupación por la realidad que viven muchos hogares en el área rural, donde no cuentan con las condiciones económicas para poder comprar a cada momento una tarjeta para “cargar megas para sus hijos”.

“Vemos que la pandemia deja a muchos hogares incluso sin comida – sostuvo -, esa es la realidad, el Magisterio siempre ha trabajado pensando en la comunidad educativa. Preocupa, apena y molesta porque las autoridades adoptan decisiones sin pensar en la sociedad en su conjunto, no todos tienen las mismas condiciones”.

Padres también están en huelga

Dos madres y un padre de familia cumplen diez días de ayuno voluntario para exigir una educación sin discriminación, la abrogación del Decreto Supremo 4260 y la renuncia del ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas.

La presidenta de la Junta de Padres de Familia de Tarija Florencia Iraola contó que desde el 31 de enero enviaron a Cárdenas innumerables notas para establecer un encuentro, la única vez que los recibió se limitó a contar su historia de vida y los 14 años del anterior Gobierno, no se llegaron a conclusiones en temas de educación ni se determinó el internet gratuito.

Demandó a la presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, Jeanine Áñez y sus autoridades sean solidarios con la gente porque existen familias que no tienen qué comer y se ven obligados a elegir entre la educación de sus hijos o alimentarlos.

Reiteró que no fueron escuchados en su pedido de trabajar de manera conjunta en la reglamentación de las modalidades educativas a implementarse a causa de la cuarentena provocada por el coronavirus y emitieron disposiciones de manera inconsulta, arbitraria y unilateral sin tomar en cuenta la realidad de diferentes sectores de la población.