Presionada por los cívicos, la Asamblea investiga a Quecaña

El presidente de la Asamblea Regional del Gran Chaco Mario Aldana indicó que se envió memoriales a la Fiscalía Departamental de Tarija por el proceso de investigación que se inició contra de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Región Autónoma del Chaco, José Quecaña, por el supuesto negociado en la compra de los productos y la entrega de la canasta alimentaria de la gestión 2020.

Aldana explicó que la tuición fiscalizadora de la Asamblea Regional del Gran Chaco impulsó esta investigación para verificar las denuncias que realizaron los comités cívicos de los tres municipios de la región -Caraparí, Villa Montes y Yacuiba- en contra de Quecaña a través de un pronunciamiento público.

“Quiero acotar que estamos realizando todo el seguimiento debido. Si bien hemos escuchado las denuncias que han realizado a partir de la divulgación de un audio sobre ciertas irregularidades en la entrega de la canasta familiar, sabemos que detrás de los comités también existen intenciones políticas que responden a regímenes en contra del actual Ejecutivo del Chaco”, manifestó.

Cívicos exigen renuncias

Cabe recordar que existe un Voto Resolutivo que fue firmado por el presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Raúl Hilarión Calderón; el presidente de Comité Cívico de Caraparí, Horacio Sánchez Aparicio; y el presidente del Comité Cívico de Villa Montes, Ériko Bejarano Torrez, que exige la renuncia de Quecaña por los presuntos actos de corrupción en la adquisición de la canasta alimentaria.

“Un hecho que viene ocurriendo en el Gobierno Autónomo Región la del Gran Chaco, pero además por la no habilitación y puesta en marcha de la Unidad de Atención y Tratamiento de Terapia Intensiva para casos positivos de coronavirus en los municipios del Chaco, en el hospital de tercer nivel Fray Quebracho, atentando contra la salud de la población”.

Los cívicos también solicitaron la renuncia del pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco por el in-cumplimiento de la fiscalización y exigieron a las autoridades judiciales actuar como corresponde en el pro-ceso judicial interpuesto por Héctor Camacho Chura en contra de Que-caña por la presunta comisión de delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. El plazo planteado por los cívicos es hasta el 31 de mayo.

Se pretende que Quecaña y el pleno de la Asamblea renuncien a sus cargos. “Se debe tomar en cuenta que el 31 de mayo concluye el mandato que le dio el pueblo chaqueño.

Así lo explicamos en el documento firmado por los presidentes de los comités cívicos del Chaco. Durante este tiempo no demostraron la capacidad de hacer gestión en beneficio de la población. No debemos dejar que estas autoridades se prorroguen en su mandato conociendo de la incapacidad que ha demostrado en los últimos cinco años”, expresó Calderón.