Denuncian penalmente a Never Vega por las cámaras en Bermejo

El proyecto “Ciudad Segura” de la subgobernación de Bermejo generó una serie de opiniones, acciones y declaraciones por parte de autoridades sobre las acciones que se tomarán para investigar los antecedentes y hechos por los cuales a la fecha existen irregularidades en el funcionamiento de 300 cámaras de vigilancia con una inversión de 20 millones de bolivianos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), María Lourdes Vaca, informó que su persona presentó una denuncia formal por este caso ante el Ministerio Público atribuyendo “incumplimiento de deberes” al subgobernador de Bermejo, Never Vega Salinas.

“Quiero manifestar mi solidaridad, profundo dolor y adhesión a la familia de la niña que ha perdido la vida en la ciudad de Bermejo, producto de la inseguridad ciudadana y la poca eficiencia de la gestión pública que tenemos en esa región. Estoy denunciando al señor Never Vega por incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado”, explicó.

De acuerdo a los antecedentes, en el 2016 la subgobernación de Bermejo contrató a una empresa para la adquisición de 300 cámaras de vigilancia y 30 botones de emergencia y a la fecha, los equipos no están en funcionamiento.

La situación constituye “un delito” según expresó Vaca, además puso en evidencia la inseguridad ciudadana por la cual atraviesa la ciudad fronteriza.

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“No podemos quedar inertes ante esta situación tan delicada que se está viviendo en el departamento de Tarija, el día de ayer en Bermejo también hubo un intento de atraco, la pregunta es qué pasó con esas cámaras de seguridad, con eso 20 millones de bolivianos que se invirtieron en ese programa de seguridad ciudadana”, dijo.

Interviene la Procuraduría

La directora de la Procuraduría Departamental de Tarija, Nelly Diaz, informó que esta instancia enviará una nota al subgobernador, Never Vega, en el que se le da un plazo de cinco días hábiles para brindar información respecto al estado y mantenimiento del proyecto “Ciudad segura”.

“Como Procuraduría General del Estado y en el marco de nuestras atribuciones estamos solicitando documentación a efecto de poder recabar los antecedentes e intervenir en el caso que correspondería; preocupa que se evidencie que a la fecha no se encontraría funcionando lo que genera daño económico al estado”, dijo.