Mujeres del Chaco asumen rol de prevenir la violencia

Un grupo de 25 mujeres campesinas de la comunidad de Caiza Villa el Carmen, que participaron en los cursos de Promotoras Comunitarias en Prevención de la Violencia, recibieron la certificación y ahora tienen la tarea de apoyar a todas las mujeres que sufran de maltrato, generando grupos de solidaridad y protección articulada a los servicios públicos de atención.

Los talleres de capacitación fueron llevados adelante mediante un trabajo coordinado entre la Unidad de Género del Gobierno Regional, la Asociación Alborada, la Defensoría del Pueblo y la Dirección Departamental de Género. Cada institución brindó personal capacitado en el área y los materiales necesarios que fueron utilizando durante el periodo de formación.

La formación de las promotoras se dividió en cuatro módulos: en el primer consistió en enseñarles las competencias de las promotoras; en el módulo dos se capacitó en los derechos humanos, la Ley 348 y Ley 368; en el módulo tres se abordaron temas relativos a resolución de conflictos y contención emocional y el modulo cuatro se capacito en la actuación de la denuncia.

Las 25 nuevas promotoras agradecieron a las instituciones por realizar estas actividades en las comunidades. “Agradecemos a las instituciones por hacer realidad estos cursos en el campo, muchas veces somos las más olvidadas, manifestó Lupe Córdova, promotora.

Las tareas de este grupo serán importantes para luchar contra la violencia en razón de género. “Nuestro trabajo será ayudar a las personas que sufran violencia en las comunidades de Yacuiba”, acotó Córdova.

Las políticas de la Unidad de Género tienen el objetivo de contribuir a la lucha contra la violencia hacia la mujer, según lo manifestado por la directora, Luz Marina Condarco.
“El Gobierno del Gran Chaco tiene la predisposición de trabajar coordinadamente con otras instituciones, las puertas de la entidad pública están abiertas para todos, agregó.

El Articulo 29 de la Ley 348 “Una vida libre de violencia”, manifiesta que las mujeres de las comunidades se podrán constituir voluntariamente en redes promotoras de apoyo a mujeres en situación de violencia, generando grupos de solidaridad y protección articulada a los servicios públicos de atención.