Solo “control social” verifica el patrimonio de autoridades

El control social es el agente de verificación del patrimonio de las autoridades que ocupan un cargo público en las distintas instituciones, a través de denuncias e investigaciones privadas y no así mediante las unidades que deberían estar al tanto de las irregularidades o de los vacíos que presentan las declaraciones juradas.

Desde hace una semana atrás, El País inició una serie de publicaciones sobre las declaraciones juradas de los funcionarios públicos del departamento. La primera se en-marcó en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) y la segunda en los subgobernadores del departamento, incluido a los ejecutivos seccionales de la Región Autónoma del Gran Chaco.

No todos actualizan sus declaraciones, pese a que el artículo 235, numeral 3, de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que es una obligación de los servidores públicos prestar su declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo.

De igual manera, el artículo 53 de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público menciona “durante la vigencia de la relación laboral del servidor con la administración y aún al final de la misma, cualquiera sea la causa de terminación, las declaraciones de bienes y rentas de éstos podrán ser, en cualquier momento, objeto de verificación”.

Por otro lado, la misma normativa indica que la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), como Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental, ejercerá la atribución de dirigir y controlar un Sistema de Declaraciones de Bienes y Rentas para todo el sector público.

Sin embargo, desde la Contraloría se informó que esta entidad no es la responsable en realizar un seguimiento ni una verificación. Cada institución, (Asamblea Legislativa, Subgobernaciones, Gobernación y demás), tiene una unidad de recursos que debe prever este tipo de situación.

El secretario de Justicia y Transparencia de la Gobernación, Yamil García, puso como ejemplo el caso de las subgobernaciones, que son unidades desconcentradas por mandato de la Ley 129 y tienen su propia gestión administrativa con una estructura de roles. Es decir, la Unidad de Recursos Humanos de cada Subgobernación debería reportar quiénes incumplieron y remitir a sumario. Si no lo hace, esa Unidad estaría incumpliendo sus deberes.

Por su parte, el oficial mayor de la ALDT, Abel Guillermo Aguilar, explicó que la Unidad de Recursos Humanos del Legislativo no informó sobre ninguna irregularidad y que es posible que sea responsabilidad de la Contraloría General del Estado no actualizar su página y cifras a excepción de lo que corresponde a sus ganancias (rentas) que percibieron durante el último año.

Las irregularidades existen. Por ejemplo, la declaración jurada de los asambleístas, Vicente Ferreira Carema y Martha Gallardo Ordoñez, indican que no tienen un patrimonio neto en total. La declaración de ambos corresponde a una actualización correspondiente a la presente gestión, pero no hay cifras a excepción de lo que corresponde a sus ganancias (rentas) que percibieron durante el último año. En otros asambleístas hay casillas en blanco y en el caso del subgobernador de Cercado, Johnny Marcel Torres Terzo y de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Región Autónoma del Chaco, José Quecaña, no se realizaron los datos,