Piden imputar a Lino y Alarcón por colegio que se cae a pedazos
Desde el 2017 la Gobernación de Tarija inició un proceso de investigación por un establecimiento educativo construido en el 2008 en el municipio de Yunchará, específicamente en la comunidad de Tojo. Se trata de una infraestructura que actualmente se encuentra abandonada, deteriorada y con...
Desde el 2017 la Gobernación de Tarija inició un proceso de investigación por un establecimiento educativo construido en el 2008 en el municipio de Yunchará, específicamente en la comunidad de Tojo. Se trata de una infraestructura que actualmente se encuentra abandonada, deteriorada y con fisuras, que prácticamente se cae a pedazos, por lo que los estudiantes tuvieron que ser trasladados a la antigua unidad educativa para pasar clases. Es decir que la escuela no se usa.
El monto que se utilizó para ejecutar esta obra es de 4.642.107,37 bolivianos que corresponde al anticipo y cuatro planillas de avance de obras canceladas en favor de la empresa “Asociación Accidental Fernández y Vargas” por parte del municipio de Yunchará. Pero además, el propietario de esa empresa no solo se benefició con ese contrato, también fue el que realizó el diseño final del proyecto, por el que recibió 120.000 bolivianos. Así se constató en el cuaderno de investigación a que tuvo acceso El País.
Por eso la Gobernación solicitó el pasado jueves al Ministerio Público la imputación formal en contra de Gladys Valentina Alarcón Farfán; actual presidente de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) y alcaldesa de Yunchará, de Lino Condori Aramayo, quien ejecutó la obra el 2008 cuando fungía como alcalde de ese municipio, y otros funcionarios, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.
Alarcón, una de las principales aludidas, asegura que una auditoría especial la exime de responsabilidad.
Empresario imputado
El director de Gestión Procesal de la Gobernación de Tarija, Iván Vaca, explicó que actualmente Condori y Alarcón se encuentran con proceso de investigación preliminar por haber firmado los contratos para la construcción de la unidad educativa en la comunidad de Tojo.
“Nosotros estamos pidiendo que se los impute como ya se hizo con el empresario por incumplimiento de contrato, una vez que se realice la imputación podremos abrir la etapa preparatoria y más allá esperamos que exista una acusación. Este caso viene del 2017, lo denunciaron los comunarios en ese año, ni si quiera lo denunció Gladys Alarcón pese a que en el 2013 ya tenía problemas este colegio”, señaló.
Cuando se detectó que existían fallas en la infraestructura de dicha unidad educativa en el 2013, se procedió al traslado de los estudiantes con el fin de precautelar su seguridad. Por eso la obra ahora está abandonada. Vaca indicó que Alarcón contaba con pleno conocimiento sobre esta situación y sobre diversas “irregularidades” que se suscitaron en todo el proceso para ejecutar esta obra. Pese a ello mantuvo silencio.
Además de las malas condiciones en las que se encuentra esa obra, de acuerdo a Vaca, el terreno en el que fue emplazado no tiene las características necesarias para emplazar una infraestructura de las características que se necesitaban, debido a que el terreno presenta altos índices de deslizamientos, esto en base a varias inspecciones oculares “in situ”.
Asimismo, el Director de Gestión Procesal recalcó que el cuestionamiento hacia la Presidente de la AMT y Alcaldesa del municipio de Yunchará recae en porqué no hizo las observaciones ni realizó las denuncias pertinentes cuando su persona ocupa el cargo de primera autoridad en este municipio de la zona alta.
Alarcón: “La Gobernación tiene malas intenciones”
La unidad educativa en la comunidad de Tojo fue construida en el año 2008, cuando el alcalde del municipio de Yunchará era Lino Condori y Mario Cossío ocupaba el cargo de gobernador del departamento. En ese entonces, Gladys Alarcón fungía como técnica en Asesoría Legal en Yunchará.
Sobre el tema, Alarcón explicó que en el momento que asumió la Alcaldía en Yunchará, en el año 2010, solicitó una auditoría especial a la Contraloría General del Estado, misma que tardó alrededor de cinco años y como dictamen final señala que su persona no tiene responsabilidad absoluta en dicho proceso.
“Yo era técnico, no era parte de la comisión calificadora, ejecutiva, no era absolutamente nada, era responsable de la Defensoría de la Niñez y como no había abogados pues apoyaba en hacer los contratos legales”, dijo.
Alarcón enfatizó que desde la Gobernación surgen “malas intenciones” que solo buscan perjudicarla, ampliando esta investigación a su persona, ya que inicialmente solo se pedía investigar al exalcalde de Yunchará, Lino Condori, a la empresa constructora, fiscal y supervisores de la obra.
“Seguramente como estoy a la cabeza de la AMT ha solicitado que se amplíe a mi persona. En una primera instancia el Ministerio Público rechazó esta denuncia y la Gobernación apeló nuevamente. Yo presenté mis descargos y que no tuve nada que ver en esa construcción, más al contrario, cuando entré a la Alcaldía solicité como corresponde la auditoría especial”.
De igual manera, la Alcaldesa de Yunchará expresó encontrarse “tranquila” ya que la obra no se ejecutó durante su gestión y que actuó como debía, porque esta unidad educativa presentaba rajaduras e indicios de una mala construcción.
La Alcaldía de Yunchará inició el coactivo fiscal para recuperar los más de cuatro millones de bolivianos para reiniciar nuevamente con la infraestructura.
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El monto que se utilizó para ejecutar esta obra es de 4.642.107,37 bolivianos que corresponde al anticipo y cuatro planillas de avance de obras canceladas en favor de la empresa “Asociación Accidental Fernández y Vargas” por parte del municipio de Yunchará. Pero además, el propietario de esa empresa no solo se benefició con ese contrato, también fue el que realizó el diseño final del proyecto, por el que recibió 120.000 bolivianos. Así se constató en el cuaderno de investigación a que tuvo acceso El País.
Por eso la Gobernación solicitó el pasado jueves al Ministerio Público la imputación formal en contra de Gladys Valentina Alarcón Farfán; actual presidente de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) y alcaldesa de Yunchará, de Lino Condori Aramayo, quien ejecutó la obra el 2008 cuando fungía como alcalde de ese municipio, y otros funcionarios, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.
Alarcón, una de las principales aludidas, asegura que una auditoría especial la exime de responsabilidad.
Empresario imputado
El director de Gestión Procesal de la Gobernación de Tarija, Iván Vaca, explicó que actualmente Condori y Alarcón se encuentran con proceso de investigación preliminar por haber firmado los contratos para la construcción de la unidad educativa en la comunidad de Tojo.
“Nosotros estamos pidiendo que se los impute como ya se hizo con el empresario por incumplimiento de contrato, una vez que se realice la imputación podremos abrir la etapa preparatoria y más allá esperamos que exista una acusación. Este caso viene del 2017, lo denunciaron los comunarios en ese año, ni si quiera lo denunció Gladys Alarcón pese a que en el 2013 ya tenía problemas este colegio”, señaló.
Cuando se detectó que existían fallas en la infraestructura de dicha unidad educativa en el 2013, se procedió al traslado de los estudiantes con el fin de precautelar su seguridad. Por eso la obra ahora está abandonada. Vaca indicó que Alarcón contaba con pleno conocimiento sobre esta situación y sobre diversas “irregularidades” que se suscitaron en todo el proceso para ejecutar esta obra. Pese a ello mantuvo silencio.
Además de las malas condiciones en las que se encuentra esa obra, de acuerdo a Vaca, el terreno en el que fue emplazado no tiene las características necesarias para emplazar una infraestructura de las características que se necesitaban, debido a que el terreno presenta altos índices de deslizamientos, esto en base a varias inspecciones oculares “in situ”.
Asimismo, el Director de Gestión Procesal recalcó que el cuestionamiento hacia la Presidente de la AMT y Alcaldesa del municipio de Yunchará recae en porqué no hizo las observaciones ni realizó las denuncias pertinentes cuando su persona ocupa el cargo de primera autoridad en este municipio de la zona alta.
Alarcón: “La Gobernación tiene malas intenciones”
La unidad educativa en la comunidad de Tojo fue construida en el año 2008, cuando el alcalde del municipio de Yunchará era Lino Condori y Mario Cossío ocupaba el cargo de gobernador del departamento. En ese entonces, Gladys Alarcón fungía como técnica en Asesoría Legal en Yunchará.
Sobre el tema, Alarcón explicó que en el momento que asumió la Alcaldía en Yunchará, en el año 2010, solicitó una auditoría especial a la Contraloría General del Estado, misma que tardó alrededor de cinco años y como dictamen final señala que su persona no tiene responsabilidad absoluta en dicho proceso.
“Yo era técnico, no era parte de la comisión calificadora, ejecutiva, no era absolutamente nada, era responsable de la Defensoría de la Niñez y como no había abogados pues apoyaba en hacer los contratos legales”, dijo.
Alarcón enfatizó que desde la Gobernación surgen “malas intenciones” que solo buscan perjudicarla, ampliando esta investigación a su persona, ya que inicialmente solo se pedía investigar al exalcalde de Yunchará, Lino Condori, a la empresa constructora, fiscal y supervisores de la obra.
“Seguramente como estoy a la cabeza de la AMT ha solicitado que se amplíe a mi persona. En una primera instancia el Ministerio Público rechazó esta denuncia y la Gobernación apeló nuevamente. Yo presenté mis descargos y que no tuve nada que ver en esa construcción, más al contrario, cuando entré a la Alcaldía solicité como corresponde la auditoría especial”.
De igual manera, la Alcaldesa de Yunchará expresó encontrarse “tranquila” ya que la obra no se ejecutó durante su gestión y que actuó como debía, porque esta unidad educativa presentaba rajaduras e indicios de una mala construcción.
La Alcaldía de Yunchará inició el coactivo fiscal para recuperar los más de cuatro millones de bolivianos para reiniciar nuevamente con la infraestructura.
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