Los presos del país y la burocracia judicial

La detención, encarcelamiento, procesamiento y sentencia de personas sin mayores pruebas incriminatorias que un indicio, por un delito que supuestamente cometieron, remeció a la sociedad boliviana y golpeó duramente a la desde ya alicaída credibilidad del sistema de justicia. Esta situación también puso en evidencia que todos corremos el riesgo de caer en manos de operadores de justicia inescrupulosos, desde policías hasta jueces, y ser víctimas del sistema.

Uno de los casos que adquirió mayor relevancia en este año fue el caso del bebé Alexander que castigó a un médico con 20 años de cárcel pese a no existir ninguna prueba incriminatoria contundente, sino el criterio del Ministerio Público que, con la suma de indicios aparentes, pretendió fabricar un culpable para dar respuesta a la demanda de la población, que exigía justicia por la presunta violación y muerte de un infante de ocho meses.

En el Ministerio Público existe una máxima, y fue expuesta por el director de Gestión Fiscal de la entidad, José Ángel Ponce Rivas, cuando salió en defensa de las investigaciones realizadas, y sentenció: “no se necesita una prueba científica para condenar a una persona si no nadie sería condenado”.

El médico Jhiery Fernández fue detenido el 15 de diciembre de 2014 en medio de reclamos y protestas de la población y activistas que exigían a las autoridades al responsable de la muerte de Alexander, luego de un mes sin resultados por parte de la fiscalía.

En el proceso contra el galeno desde un inicio se denunciaron irregularidades de parte del Ministerio Público que intentó, mediante el fiscal Edwin Blanco, que Fernández firme su “confesión” por la violación y muerte de Alexander.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) emitió un informe sobre el daño sufrido por Alexander, pero orientando la prueba hacia una violación. En el juicio la fiscal del caso, Susana Boyan, amenazó a abogados y testigos, y hasta a la jueza para no hacer valer las pruebas presentadas por Fernández que en todo momento apeló a su inocencia. La madrugada del 27 de marzo, el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz condenó a 20 años de prisión a Fernández.

Todo el descargo presentado por la defensa del galeno no tuvo efecto para contrarrestar las acusaciones del Ministerio Público ni una opinión favorable del tercero imparcial que debió ser la jueza.

Seis meses después, la filtración de un audio dio un vuelco de 360 grados al caso, cuando la jueza y presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, reveló, en una reunión entre copas, que el médico es inocente y que fue sentenciado sin ninguna prueba científica, pero por la presión política de autoridades de estado que querían mostrar eficiencia en sus funciones.

El audio, según lo dicho por Pacajes, muestra los entretelones del sistema de justicia y cómo sus operadores urden y deciden el destino de las personas sin el más mínimo sentido ético ni de humanidad. El 3 de octubre Fernández fue beneficiado con detención domiciliaria. Una auditoría jurídica del Consejo de la Magistratura detectó que todos los funcionarios que llevaron el proceso cometieron errores administrativos y hasta delitos penales contra el galeno. Fernández se encuentra en proceso anulación de su sentencia.

Muestra de la lógica perversa de condenar sin pruebas así como ver en todos los litigantes a un potencial criminal -vigencia de la presunción culpabilidad-, es que las cárceles del país están llenas de detenidos preventivos, siete de 10 internos, que permanecer encerrados más allá de los plazos procesales previstos en la ley sin que a ninguna autoridad le importe la situación de sus conciudadanos.

Para el abogado especialista en Derechos Humanos de la Fundación Construir, Marco Loayza Cossío, “el hecho de que se condene a un inocente en lugar de producir en la ciudadanía tranquilidad y paz social, provoca sin lugar a dudas malestar e inseguridad, así como una alta desconfianza en el sistema de justicia”.

Remarcó que cuando no se logra sentencias que cumplen el debido proceso y rebatan completamente el principio de inocencia, “estamos entrando en una actitud vindicativa, buscando culpables que paguen por el supuesto crimen”.

El abogado, consultor internacional en temas judiciales y de Derechos Humanos, Eddie Cóndor Chuquiruna, refiere que en estos casos “prima la comodidad y conveniencia” en los administradores de justicia y encuentra sus bases en “el objetivo de toda burocracia de mantener el estatus quo”.

Dice que “tampoco existe identidad con los valores y principios que le dan contenido a derechos humanos básicos, como el de acceso a la justicia”.

Así como los casos de Jhiery Fernández, existen muchos otros como Reynaldo Rodríguez, que busca indemnización justa, Renatto Cafferata, Adelio Ticona, Jheysen Vega Aguilar, entre otros, que se encuentran por años en la cárcel, víctimas de la mala administración de justicia.

La situación de la cárcel en Tarija

Número de preventivos
En la cárcel de Morros blancos, el 70% de los que ahí están encerrados no tienen sentencia ejecutoriada, sólo detención preventiva. La mayoría asegura que esto se debe a la burocracia existente en la justicia.

Las denuncias contra policías
Sólo 30 policías se encargan de custodiar a más de 600 reclusos del centro penitenciario tarijeño. Existen denuncias, anónimas de personas que manifiestan, que los policías realizan negocios, en los cuales se los vincula con drogas y cobros ilegales.

Muertes “extrañas” en el penal
En el penal de Morros Blancos fallecieron tres reos por muertes extrañas, dos de ellos fueron encontrados colgados y uno de ellos falleció por un paro cardiaco en situación extraña. Hasta ahora las muertes no han sido esclarecidas.

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