Por ingreso a Tariquía, cursan un amparo constitucional

La plataforma Unidos por Tariquía presentó un amparo constitucional en contra del Gobierno nacional por el ingreso de las petroleras a la comunidad de Chiquiacá Sud y Norte, pertenecientes a la Reserva Nacional de Flora y Fauna.

La asambleísta, María Lourdes Vaca, informó que la Subcentral - la que no está de acuerdo con el ingreso de las petroleras- firmó una Resolución para rechazar el ingreso y los trabajos realizados en esta zona de Tariquía. “Vemos que hay una intención del Gobierno de continuar con la exploración. Los primeros pasos es estar presentes en esta área abriendo sendas”, manifestó.

Los votos resolutivos expresan el descontento por la intromisión sin consentimiento de los comunarios. Las petroleras ingresaron de manera ilegal, según la Constitución Política del Estado (CPE) que establece la necesidad de consensuar con los habitantes de un espacio que esté catalogado como reserva nacional. La plataforma pidió nuevamente a las autoridades departamentales tomar precaución y “no bajar la guardia” ante nuevas acciones del Gobierno.

Los contratos firmados entre el Estado y las trasnacionales comprometieron estas áreas pero hasta la fecha no se mostraron de manera pública las autorizaciones ambientales ni el consentimiento de la población. En reiteradas ocasiones, los pobladores de la Reserva arribaron la capital del departamento para comunicar su preocupación por las consecuencias de la exploración y explotación hidrocarburífera.

Desde el Gobierno central, se dijo y desdijo sobre los contratos con las petroleras. Al final, a pesar de la insistencia y las manifestaciones en contra -incluso una marcha desde la Reserva hasta la plaza Luis de Fuentes y Vargas que duró dos días- no retrocedieron.

Tariquía está dividida. Por un lado, existen comunidades que están de acuerdo con la explotación de hidrocarburos y otras que se resisten. Existen dos elementos fundamentales que permiten la intervención de un territorio. La primera es obtener una licencia ambiental (que está en trámite) y la segunda es la consulta previa que depende del primer punto.