Argentina amenaza con crisis por deuda del gas

El ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez amenazó, pero no ejecutó, y el embajador argentino Normando Álvarez ha devuelto el gesto doblando el desafío: “Se dijo de manera verbal que Argentina pagará la deuda (por el gas) hasta fin de año; ahora, Bolivia puede ejecutar la boleta de garantía –eso está en el contrato- pero seguramente el ministro Sánchez estará pensando en lo que eso significa (...). Debe estar preocupado por el pago”, señaló el diplomático a ANF.

Argentina debe unos 450 millones de dólares por facturas impagas desde el mes de mayo según los datos del propio Sánchez, que también aseguraron que las boletas apenas llegan a 140 millones de dólares. En consecuencia el cobro de boletas tiene más de simbólico que de económico, como rápidamente ha respondido el embajador Normando Álvarez, quien ha remitido a la posibilidad de una crisis económica.

Una relación entorpecida
Desde que en 2006 se reanudaron las exportaciones de gas natural de Bolivia hacia la Argentina, las relaciones fueron más que cordiales entre los gobiernos de Morales y los Kirchner. Argentina pagaba generosamente – básicamente porque se beneficiaba con el gas rico y se deshacía de los compromisos de financiar la planta separadora – y Bolivia despegaba económicamente. Los volúmenes, que inicialmente se condicionaron a la instalación de la Separadora, fueron creciendo sin cumplir la condición y actualmente ronda los 20 millones de metros cúbicos. Siempre se cumplió rigurosamente hasta la invierno de 2016, la primera de Mauricio Macri en la Casa Rosada.
El megacampo Margarita, del que se extrae el gas que se envía a la Argentina, sufrió una semana de terror y el suministro al norte del país vecino se vio afectado tres días. Argentina no se lo pensó dos veces y cobró la primera multa en la historia de la relación. Dos millones de dólares; un monto no tan grande en relación a los montos que se manejan en la industria, al menos en relación a los 450 millones de dólares que el país vecino adeuda.
La multa sirvió de precedente en las relaciones, y aunque el ministro Luis Alberto Sánchez decidió no darle mayor importancia e incluso empezó a multiplicar los contactos con YPF - a quien le entregó varias áreas para su exploración – y con Refinor – con quien estudió un contrato a diez años para vender el GLP no empleado en la postergada industrialización por ducto, la tensión siguió en el ambiente.
Durante los dos años de gestión del ex ministro argentino Juan José Aranguren, las acusaciones a Bolivia de no cumplir con los compromisos fueron constantes. Aranguren, ex CEO de Shell, llegó a utilizar ese argumento para justificar una compra de GNL desde Chile a su exempresa a precios muy superiores a los que sirve Bolivia.
La última propuesta de Aranguren fue la de subir volúmenes y precios en invierno y rebajarlos el resto del año. A Bolivia no le convenía desde ningún punto de vista, pero el ministro Sánchez no pudo comunicarle a Aranguren, que perdió su cargo cuando en plena crisis de fuga de capitales en el país vecino ratificó que seguía manteniendo su patrimonio en cuentas extranjeras.
En octubre el sucesor de Aranguren, Javier Iguacel, inició otra campaña de presión contra Bolivia asegurando que en dos años no se requeriría más gas de Bolivia gracias al gas de Vaca Muerta. Al mismo tiempo, Iguacel insistió en que Bolivia no cumple con sus compromisos y que por ese motivo, se hubiera pedido rebajarlos.
A esto se suma la deuda de 450 millones de dólares desde el mes de mayo y la rebaja en las nominaciones hasta los 12 millones de metros cúbicos, 40% menos de lo que se permite. Diferentes analistas advierten que la nula relación entre Macri y Morales, la oposición ideológica que ambos representan y la inminente internacionalización del conflicto político interno en Bolivia estaría detrás de las medidas tomadas por Argentina.