Unas 80 ONG evaluaron su relación con el Gobierno

La Paz fue escenario de la segunda consulta que se realiza en Bolivia de la Alianza Global para una Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), la cual hace seguimiento a nivel mundial a todos los compromisos realizados por los gobiernos de 163 países del mundo del cual Bolivia también es parte.
En el evento participaron más de 80 representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones sociales, cooperación internacional, universidades y otras instituciones sin fines de lucro bajo la consigna de entablar un diálogo plural y abierto que permita recoger evidencias para saber, entre otras cosas, en qué medida el Gobierno consulta con las organizaciones de la sociedad Civil (OSC) a la hora de diseñar, ejecutar y monitorear las políticas nacionales de desarrollo.
La consulta no solo se enmarca en políticas de entorno favorable para las OSC sino también en el accionar de las mismas, por ejemplo en la manera en que implementan su trabajo de desarrollo orientado por los estándares y principios internacionales de Derechos Humanos (DDHH) o en qué medida las asociaciones entre OSC financiadoras y OSC socias son equitativas y están basadas en el interés mutuo.
“El cuestionario estándar que está siendo aplicado en todos los países que participan en esta tercera ronda de monitoreo recoge opiniones sobre el denominado indicador dos, para saber si la sociedad civil actúa en un entorno que potencia al máximo su participación y su contribución al desarrollo”, explicó la directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), Susana Eróstegui.
Eróstegui se refiere a temas concernientes al marco legal y regulatorio, el ejercicio de la libertad de asociación, reunión y de expresión en el país, y otros aspectos que influyen en la labor de las OSC en Bolivia y el mundo.
“La idea es analizar los avances respecto a los compromisos asumidos en la Alianza de Busan por los gobiernos y donantes para garantizar un entorno favorable para la sociedad civil y aportar con evidencias que alimenten la reflexión colectiva en nuestro país y el informe global”, manifestó.
Para los participantes de distintas organizaciones, otros temas de interés están referidos a género y empoderamiento de la mujer, alianzas público-privadas y transparencia. En algunas mesas de trabajo también se conversó sobre la acción de los propios gobiernos en consulta con otros actores del desarrollo.
“Hemos tenido algunas discrepancias entre nosotros sobre la actitud del Gobierno en relación a normativas que existen y que no se cumplen en la práctica. En lo referente a protección de DDHH, más allá de lo que está establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), falta legislación que complemente este aspecto”, señaló el director de una ONG de Santa Cruz, quien prefirió mantener en reserva su nombre, que especificó sobre algunos sectores que son vulnerados como los indígenas, discapacitados, grupos LGBTI o políticas de género.
Para muchos movimientos sociales y colectividades presentes en la Consulta, existe la urgencia de tratar temas puntuales sobre el hostigamiento y acoso a grupos considerados por el Gobierno como oposición.

La consulta 2016 arrojó resultados inquietantes

El pasado 2016, desde Bolivia se reportó datos inquietantes, en la primera consulta nacional realizada por UNITAS. Uno de ellos tenía que ver con la primera pregunta, sobre si el Gobierno consulta a las organizaciones sociales para el diseño y ejecución de políticas nacionales de desarrollo, la respuesta fue negativa con muchos matices.
“Por un lado, normativamente hay una exigencia para que todas las entidades públicas diseñen, ejecuten y evalúen las políticas públicas con participación y control social, esto lo dispone la Constitución Política del Estado, la Ley No. 341 de control y participación social y en otras normativas sub-nacionales. Por otro lado, se desatacó que existen consultas selectivas para determinadas políticas públicas, para determinadas normas, o acciones públicas en distintos niveles del Estado. Asimismo, y de manera más general, hay decisiones tomadas en núcleos políticos que se legitiman de manera formal, pero que no representan consultas verdaderamente participativas que incluyan a la Sociedad Civil”, indica el documento publicado por UNITAS.