La Ley de Incentivos restó Bs 182 millones para Tarija
El concejal, Alfonso Lema, señaló que el departamento de Tarija perdió 182 millones de bolivianos desde la aplicación de la Ley de Incentivos y formuló dos formas de solicitar la devolución de los recursos. El Concejal recordó que la Ley de Incentivos fue aprobada en el nivel central...
El concejal, Alfonso Lema, señaló que el departamento de Tarija perdió 182 millones de bolivianos desde la aplicación de la Ley de Incentivos y formuló dos formas de solicitar la devolución de los recursos.
El Concejal recordó que la Ley de Incentivos fue aprobada en el nivel central hace tres gestiones. Estableció el descuento del 12 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que hace que los recursos no lleguen en su cantidad total correspondiente a los gobiernos departamentales, municipales y universidades.
Según el análisis de Lema, el departamento de Tarija en los últimos tres años dejó de recibir 182 millones de bolivianos, de los cuales 45 millones correspondían a la Gobernación, 121 millones a los 11 gobiernos municipales, en el caso de Cercado cerca de 53 millones, y 15 millones destinados a la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS).
El total del monto confiscado podría aumentar en caso del incremento del Presupuesto General del Estado (PGE) como consecuencia del alza del precio del barril del petróleo con 8 millones de bolivianos extra, lo que significa que 190 millones de bolivianos es el monto que le tocó a Tarija dejar de recibir a consecuencia de la aplicación de la ley.
A su vez, la Ley no evidenció resultados palpables. Lema indicó que aún siguen a la espera de la certificación y cuantificación de reservas realizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Según su anuncio, el informe debería haberse presentado en el trascurso del mes de julio de la presente gestión, pero hasta la fecha no hay novedades. Según datos de la última información recabada, la entrega quedó postergada hasta septiembre.
Por otro lado, la petición por diversas autoridades departamentales sobre la devolución de los recursos resultó una propuesta interesante para el asambleísta quien expuso que se deberá canalizar por dos posibles caminos: la primera opción será presentar una ley que modifique a la Ley de Incentivos y la segunda opción demanda llevar un recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y argumentar que los recursos confiscados con utilizados para cubrir una competencia del nivel central del Estado.
El Concejal recordó que la Ley de Incentivos fue aprobada en el nivel central hace tres gestiones. Estableció el descuento del 12 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que hace que los recursos no lleguen en su cantidad total correspondiente a los gobiernos departamentales, municipales y universidades.
Según el análisis de Lema, el departamento de Tarija en los últimos tres años dejó de recibir 182 millones de bolivianos, de los cuales 45 millones correspondían a la Gobernación, 121 millones a los 11 gobiernos municipales, en el caso de Cercado cerca de 53 millones, y 15 millones destinados a la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS).
El total del monto confiscado podría aumentar en caso del incremento del Presupuesto General del Estado (PGE) como consecuencia del alza del precio del barril del petróleo con 8 millones de bolivianos extra, lo que significa que 190 millones de bolivianos es el monto que le tocó a Tarija dejar de recibir a consecuencia de la aplicación de la ley.
A su vez, la Ley no evidenció resultados palpables. Lema indicó que aún siguen a la espera de la certificación y cuantificación de reservas realizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Según su anuncio, el informe debería haberse presentado en el trascurso del mes de julio de la presente gestión, pero hasta la fecha no hay novedades. Según datos de la última información recabada, la entrega quedó postergada hasta septiembre.
Por otro lado, la petición por diversas autoridades departamentales sobre la devolución de los recursos resultó una propuesta interesante para el asambleísta quien expuso que se deberá canalizar por dos posibles caminos: la primera opción será presentar una ley que modifique a la Ley de Incentivos y la segunda opción demanda llevar un recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y argumentar que los recursos confiscados con utilizados para cubrir una competencia del nivel central del Estado.
Apoya al periodismo independiente
Tienes acceso libre a 200 notas al mes. Para tener acceso ilimitado y muchos beneficios más adquiere tu Suscripción Digital. Comienza tu prueba gratis ahora
¿Ya estás suscrita/o? No olvides iniciar sesión
Acceder
Si te interesa una suscripción corporativa o institucional llámanos al (+591) 78259007
