La proliferación de “vehículos en llamas” generan alarma en Bolivia

En el último mes las redes sociales y medios de comunicación de Bolivia publicaron en reiteradas ocasiones las imágenes de automóviles reducidos a chatarra, camionetas envueltas en llamas, explosiones en estaciones de servicio y conductores intentando escapar mientras el fuego consumía sus vehículos. Pese a ello, aún no hay una explicación concluyente sobre las causas.

Esto ocurre en medio de una crisis de abastecimiento de combustibles y denuncias sobre una deficiente calidad de los carburantes.

Casos generan alarma

Uno de los hechos de mayor gravedad ocurrió el 1 de julio en Cochabamba, cuando un vehículo explotó mientras cargaba combustible en una estación de servicio ubicada cerca de la refinería de Valle Hermoso.

El incendio movilizó a bomberos, mientras los testigos grababan videos para mostrar cómo las llamas envolvían rápidamente al motorizado e incluso dañaron el generador eléctrico del surtidor, por lo que se suspendió la atención al público.

Los primeros reportes señalaron que el vehículo presuntamente transportaba gasolina en bidones. Esto ameritó la apertura de una investigación por posible desvío de combustibles.

Deterioro Muchos vehículos que aun circulan en Bolivia tienen más de 30 años y el mantenimiento puede ser deficiente

Días después en la misma ciudad se reportó otro incendio en la zona de La Chimba, donde un vehículo comenzó a arder poco después de abastecerse de combustible. Se trataba de una camioneta Renault en cuyo interior había dos bidones y seis botellas con carburantes. El conductor resultó herido y tuvo que recibir primeros auxilios.

Un último hecho ocurrió en la avenida Belgrano de la ciudad de Tarija el 27 de julio con el incendio de un automóvil. Fueron los vecinos quienes acudieron inmediatamente a sofocarlo. No hubo daños personales, pero las llamas consumieron el motorizado.

Posibles causas

Expertos en mecánica automotriz explican que un incendio o explosión vehicular rara vez responde a una sola causa. Las fugas de combustible, cortocircuitos, modificaciones eléctricas sin certificación, instalaciones deficientes de sistemas de GNV, sobrecalentamiento del motor y la acumulación de vapores inflamables suelen ser los factores más frecuentes.

Bolivia atravesó durante meses una crisis por la comercialización de gasolina de mala calidad y al respecto los especialistas señalan que eso puede acelerar el deterioro de bombas, inyectores y otros componentes del sistema de alimentación. Sin embargo, advierten que la sola presencia de combustible adulterado no basta para provocar una explosión. Generalmente debe coincidir con una fuga, una fuente de ignición o una falla eléctrica que desencadene el incendio.

Las unidades de Bomberos de la Policía atienden estos casos y los efectivos también recalcan que otra posible causa es que muchos vehículos que circulan en el país superan los veinte años de antigüedad y carecen de mantenimiento adecuado. Es decir, tienen mangueras resecas, conexiones improvisadas y cableados deteriorados, que aumentan significativamente el riesgo, especialmente durante largos recorridos o en condiciones de altas temperaturas.

Otro factor está en el transporte irregular de combustible en recipientes improvisados. La escasez registrada en varias regiones llevó a algunos conductores a almacenar gasolina en bidones dentro de sus vehículos, una práctica considerada de alto riesgo debido a la acumulación de vapores inflamables.

Desde esta unidad lo que recomiendan es evitar esos factores de peligro y hacer mantenimiento regular a sus motorizados.

Necesidad de sistematización de los datos nacionales

Actualmente no existe una estadística oficial que consolide todos los casos registrados y atendidos por el personal de Bomberos durante cada año para establecer la cantidad por departamento, los meses y las causas para conocer si se debieron a fallas mecánicas, situaciones externas o malas prácticas de los propietarios.

Con esa sistematización se podría caracterizar este problema de seguridad y aplicar una política pública de prevención para evitar daños materiales y personales.