Denuncian irregularidades en proceso disciplinario a juez

La defensa de un privado de libertad que está recluido en la cárcel de Morros Blancos este miércoles denunció que presuntamente personal del Consejo de la Magistratura lo hizo firmar una hoja en blanco que luego se usó para abrirle un proceso disciplinario a una vocal de la Sala Penal. Sin embargo, desde esta institución niegan el hecho y aseguran que el interno pidió la apertura de esa investigación por supuesta retardación de justicia.

Antecedentes

Este caso involucra a un hombre que recibió una sentencia condenatoria por delitos contemplados en la Ley 348, es decir por violencia de género. Sin embargo, su defensa pretendía anular o reducir la pena y presentó una apelación para que la Sala Penal revise la resolución del Tribunal. Mientras eso ocurre, el sindicado permanece preso.

Como ocurre periódicamente, el viernes 6 de marzo el Consejo de la Magistratura participó en una feria judicial junto a otras instituciones, como la Fiscalía y el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) dentro del penal para informar sobre sus tareas y que los presos puedan hacer consultas.

Ahí es donde se enfrentan las versiones de ambas partes. Según la defensa del sujeto, este se acercó a personal del Consejo de la Magistratura únicamente para consultar hasta cuándo debía esperar por una resolución, pero los funcionarios le habrían hecho firmar una hoja. Posteriormente, fue notificado con la apertura de un proceso disciplinario a una vocal que debe revisar su sentencia. Argumentan que esto lo perjudica.

El abogado Romeld Arnez indicó que “Él (el interno) no ha colocado ningún tipo de denuncia” y señaló que tal vez hubo “una confusión”. Sin embargo, la madre del sujeto dijo sospechar que hay una intención para perjudicar a su hijo.

La denuncia fue respondida por la representante distrital del Consejo de la Magistratura, Jaqueline Pinto, quien negó cualquier irregularidad.

En su versión, el preso se acercó a funcionarios de la Unidad Disciplinaria para hacer una denuncia y para ello se tomó sus datos en un formulario estandarizado, no en una hoja en blanco. Ahora se evalúa la apertura de otro proceso por el daño a la imagen institucional.