Caso Aramayo: Allanan oficinas del Senasag en Beni

La comisión de fiscales a cargo de investigar el asesinato de Mauricio Aramayo este martes ejecutó una orden de allanamiento a oficinas del Senasag en Trinidad, Beni, donde secuestró documentación y ubicó a cuatro posibles testigos a los que ya se les tomó la declaración informativa.

Por ahora continúan prófugos el presunto autor intelectual y uno de los autores materiales.

Investigación

El fiscal departamental, José Mogro, este martes informó que la comisión iba a ejecutar nuevas pesquisas, pero evitó decir dónde y en qué consistían exactamente.

“Ayer (lunes) viajó la comisión de fiscales a otro departamento para realizar nuevos allanamientos porque queremos dar con la verdad histórica de los hechos y poner ante un juez a todos los involucrados”, dijo.

Horas después los medios benianos publicaron la salida de los investigadores de las oficinas del Senasag en Trinidad, de donde secuestraron un cúmulo de documentación. No se trató del único allanamiento, hubo otro en un segundo inmueble y también se citó a cuatro personas a declarar.

La relación con el hecho surge a raíz de que Aramayo, quien fuera un hombre de confianza del presidente Rodrigo Paz, fue designado a inicios de diciembre como jefe del Senasag en Tarija. Ocupó el cargo menos de un mes, renunció para lanzarse como candidato a concejal por la alianza Patria, que representa al oficialismo nacional.

Desde que el líder político fuera abatido con dos disparos la noche del 8 de enero, fueron capturadas dos personas: un sicario uruguayo que admitió haber sido contratado para cometer el crimen y un ciudadano boliviano que era responsable de trasladar al primero de Yacuiba a Tarija y luego de retorno. 

Aún hay dos prófugos: un contrabandista yacuibeño llamado Mijail Rodríguez alias “El Tuerto” que sería el autor intelectual y que habría huido a Argentina, además de José Gumucio que habría estado a cargo de la logística y de conducir la motocicleta en la que – junto al sicario- persiguió a la víctima.

La hipótesis apunta a que detrás del crimen existe una motivación económica y un posible intento de soborno.