Ley para cuidar a huérfanos por feminicidio sigue sin reglamento

Pasaron seis años desde la primera propuesta de una ley para protección a los huérfanos por casos de feminicidio hasta su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y respectiva promulgación en noviembre de 2025. Sin embargo, hasta ahora no cuenta con un reglamento, mientras las víctimas solo aumentan y solo en lo que va del 2026 seis menores perdieron a sus madres.

La norma promulgada el 5 de noviembre fija un plazo de 120 días para que el Órgano Ejecutivo elabore su reglamentación, es decir hasta inicios de marzo. La anterior semana se conformó una mesa técnica para tratar el tema.

Las otras víctimas

La Ley 348 que fue promulgada en 2013 ya contemplaba en su redacción que el Estado debe proveer asistencia a los hijos e hijas de las víctimas, pero carecía de especificidad.

Durante más de una década familiares de cada mujer asesinada se hicieron cargo de esos niños, asumiendo los gastos y tareas de cuidado. A cada gobierno le demandaron políticas que garanticen la crianza, sin respuesta.

La Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia calcula unos 1.600 huérfanos desde la promulgación de las 348, cuando comenzó a aplicarse la figura de feminicidio hasta el 2025. La estimación no es exacta debido a que en los primeros dos años no se contabilizaron a esas víctimas colaterales.

Tan solo en las primeras cinco semanas del 2026 ya se registraron seis feminicidios en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto. De esos hechos resultaron también en que seis menores de edad pierdan a sus madres. Incluso, al menos uno de ellos tuvo que presenciar el crimen.

Legislación

Una primera propuesta la presentó la Defensoría del Pueblo al Legislativo durante el gobierno de Evo Morales, el mismo ya contemplaba medidas económicas y de contención, pero no pasó en los plazos establecidos. Tampoco fue tratado en el mandato de Jeanine Áñez. En 2021 durante la gestión de Luis Arce, la cartera de Economía reenvió la norma al Legislativo, pero no llegó a votación.

Sin una respuesta a nivel nacional, la alternativa de la Defensoría fue impulsar normas locales. Más de 40 concejos municipales de los 342 aprobaron normas con la redacción adaptada. También lo hicieron asambleas departamentales, como la de Tarija. La dificultad radica nuevamente en la falta de reglamentación y en que muchas de ellas contienen, sobre todo, asistencia terapéutica y programas de capacitación, pero carecen de apoyo económico por la crisis que atraviesan esos niveles.

Hubo un par de propuestas individuales, pero tampoco trascendieron.

Finalmente, en abril de 2024 las instituciones que conforman la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia remitieron a la Cámara de Diputados el proyecto de “Protección integral y reparación para hijas e hijos víctimas de feminicidios”. El texto fue elaborado en coordinación con 40 instituciones.

Sus pilares incluyen un bono del 20% del salario mínimo nacional, atención médica y terapéutica gratuita, acceso garantizado a escuelas y universidades, su priorización en programas de becas, como la priorización en el acceso a programas de vivienda social.

Los recursos provendrán del Tesoro General de la Nación (TGN), de la gestión de donaciones y de un incremento en un 1% al Impuesto de Consumo Específico (ICE) relacionado a bebidas alcohólicas.

Aunque debía tratarse en 2024, recién fue a votación en 2025. Primero en Diputados y luego en el Senado. Fue promulgada y publicada en la Gaceta el 5 de noviembre.

Se trata de la Ley Nacional 1680, la cual en su disposición final primera establece que la norma entrará en vigencia cuatro meses después de su promulgación, es decir el 5 de marzo. También se fija ese plazo para que se elabore la reglamentación, lo que todavía no ha ocurrido.

Rodrigo Paz asumió el mando el 8 de noviembre, priorizando medidas económicas. Luego de conflictos políticos por la designación de quién dirigiría el Ministerio de Justicia, determinó cerrarlo el 21 del mismo mes. Esto significó un reordenamiento de carteras.

Pasaron dos meses sin que se defina con claridad a qué unidad le correspondía el tema de la reglamentación, hasta que el 19 de enero Jessica Echeverría asumió como viceministra de Igualdad de Oportunidades.

El 29 de enero se instaló finalmente la mesa técnica con algunas instituciones, como Aldeas SOS, Voces Libres, Defensoría del Pueblo y el Observatorio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Durante el encuentro la autoridad comprometió agilizar el trabajo, garantizando que se elabore con enfoque de género.

Necesidad de contar con datos y registros oficiales

Una de las deficiencias del sistema de justicia durante los primeros años de la puesta en vigencia de la Ley 348 fue la falta de registros oficiales, como la relación con el agresor. Tampoco había datos oficiales sobre los menores que perdían a sus madres.

La nueva Ley dispone que el Ministerio de Justicia, a través del SINNA (Sistema de información de Niñas, Niños y Adolescentes), cree el registro de hijos e hijas huérfanos víctimas de feminicidio, asesinato del hombre cuando la procesada sea la ex pareja de la víctima y y en casos de homicidio-suicidio de una persona como consecuencia de una situación de violencia