Defensa de Serrudo asegura que no hay pruebas en su contra

Tras la denuncia penal del Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos contra la ex presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, por presunta corrupción en el proyecto de construcción de un edificio para la entidad, la ex autoridad se pronunció este martes, mediante su defensa, asegurando que no hay pruebas que sustenten el proceso.

Su abogado, Aníbal Cabezas, aseguró que existe una “campaña de desprestigio” y que se trata de una “cortina de humo” impuesta por el Gobierno Nacional.

Proceso

El 27 de enero el Viceministerio de Transparencia denunció ante la Fiscalía supuestas irregularidades y sobreprecios en la compra de un lote para la posterior la construcción del nuevo edificio de la Aduana Nacional Regional Tarija. Los hechos habrían significado un daño económico al Estado de unos 10 millones de bolivianos, nueve en la construcción y uno en la adquisición.

La causa apunta al representante legal de la Asociación Accidental Guadalquivir, al vendedor del terreno y Karina Serrudo Miranda, ex presidenta ejecutiva de la Aduana. Esta última enfrenta cargos por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

“Hemos solicitado el rechazo porque lastimosamente esa denuncia ha sido presentada sin un elemento de prueba (…) Aunque en medios se hable de sobreprecios, no hay ni un informe técnico o un dictamen pericial”, afirmó. Al mismo tiempo señaló que en el pasado ya hubo un proceso contra el vendedor, pero fue rechazado y no se puede investigar un mismo hecho dos veces.

Además, presentó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo contra el viceministro de Transparencia, Yamil García, por presuntamente vulnerar los derechos de Serrudo.

“Reiteradamente el viceministro, valiéndose de su investidura, ha salido en la prensa a tildar a esta ex autoridad como la autora de hechos delictivos. Hay una vulneración a sus derechos y garantías y queremos que se asuman acciones inmediatas (…) Esto es solo una cortina de humo para tapar otras circunstancias como lo de las maletas y el problema de la gasolina”, aseveró al adelantar que también podrían presentar una acción penal o constitucional.