Destapan estructura criminal dentro del SENASAG tras asesinato de Aramayo

Revelan red de contrabando detrás del asesinato de Juan Mauricio Aramayo

La revelación de fotografías del presunto autor intelectual del asesinato de Juan Mauricio Aramayo destapa una presunta red de contrabando que habría operado con complicidad interna en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), según una investigación periodística del medio Tercer Ojo.

Según información preliminar, el crimen estaría vinculado a la negativa de Aramayo a aceptar sobornos para permitir el ingreso de más de una decena de camiones con mercadería ilegal proveniente de Argentina hacia Bolivia, de acuerdo con datos difundidos por Tercer Ojo.

Aramayo, de 38 años, fue colaborador político de Rodrigo Paz Pereira durante su gestión como alcalde entre 2015 y 2020 y, posteriormente, ocupó el cargo de director departamental del SENASAG en diciembre de 2025, una institución clave para el control del movimiento de granos y productos agrícolas en el país.

Crimen planificado y sicariato internacional

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, citadas por Tercer Ojo, el asesinato no fue un hecho fortuito, sino un crimen planificado. El autor material, un sicario uruguayo identificado como Marcos Adrián Cardona Echevarría, habría confesado haber recibido cerca de 100 mil dólares para ejecutar el crimen, en complicidad con Carlos Alejandro Rojas Peñafiel, quien habría coordinado la logística para la llegada y salida del sicario del país.

Asimismo, Rojas habría contratado a un joven motociclista tarijeño identificado con las iniciales JAGT, alias “El Humito”, como parte del operativo criminal.

Actualmente, Cardona y Rojas cumplen detención preventiva de 180 días en el penal de Morros Blancos, mientras las investigaciones continúan.

Presunto autor intelectual y estructura criminal

Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a un exmilitar prófugo, identificado como Mijaíl Rodríguez Guarachi, alias “El Tuerto”, junto a su pareja Lidia Barriga y su socio Florencio Vacas, alias “El Lolo”, señalados como presuntos líderes de una estructura dedicada al contrabando de granos y otras mercaderías ilegales, según la investigación de Tercer Ojo.

Según datos preliminares difundidos por este medio, esta organización habría generado ganancias diarias de entre 1,5 y 1,7 millones de bolivianos, con la presunta complicidad de funcionarios del SENASAG.

Información extraoficial, citada por Tercer Ojo, señala que estas personas habrían salido del país por la frontera de Yacuiba rumbo a Argentina y a un tercer destino aún no confirmado, horas antes del asesinato ocurrido la noche del jueves 8 de enero.

Sobornos, despidos y represalias

La investigación preliminar establece que Aramayo se negó a recibir una coima cercana a los 10 millones de bolivianos ofrecida por el grupo de contrabandistas. Además, habría dispuesto el despido de funcionarios presuntamente vinculados a esta estructura, especialmente certificadores de guías vegetales y personal de control en la ruta Yacuiba–Santa Cruz, considerada estratégica para el traslado ilegal de granos, según la investigación periodística de Tercer Ojo.

Según los datos investigativos, estos funcionarios emitían certificados de movimiento vegetal de manera irregular, con costos de entre 3.000 y 4.000 bolivianos por guía, lo que permitía el tránsito de camiones cargados de grano sin mayores controles.

Entre los nombres mencionados en la investigación, según información difundida por Tercer Ojo, figuran Ana Vargas, encargada del SENASAG en Villamontes; Cintia Valdéz, responsable del SIGEP en Yacuiba; Douglas Kohler, responsable del Registro Único Nacional de Productores Agrícolas (RUMPA); y Salvatierra, jefe nacional de inocuidad alimentaria del SENASAG, quienes habrían tenido distintos niveles de participación en presuntas irregularidades.

Investigación en curso

Las investigaciones continúan para identificar la estructura completa del presunto crimen, determinar responsabilidades y esclarecer la participación de funcionarios públicos en la red de contrabando que habría derivado en el asesinato de Juan Mauricio Aramayo.

Fuente: investigación periodística del medio Tercer Ojo.