Defensoría insta al Órgano Judicial a agilizar trámites de indulto

La Defensoría del Pueblo emitió este martes una resolución dirigida al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a los tribunales departamentales observando sus falencias y retrasos en la otorgación del certificado que es requisito para que personas privadas de libertad accedan al indulto carcelario que entró en vigencia desde fines de octubre del 2025.

Además, dicha resolución conmina a abrir procesos disciplinarios a los funcionarios que se identifique como responsables de esa negligencia.

Diagnóstico

La delegada de la Defensoría en Tarija, Cecilia Bolívar, aseveró que la institución realizó un monitoreo desde la promulgación del indulto carcelario que tiene como finalidad principal reducir los índices de hacinamiento en los centros penitenciarios. Actualmente hay más de 33 privados de libertad distribuidos en todo el país, mientras las cárceles tienen una capacidad apenas para 15 mil.

Lamentó que desde fines de octubre hasta la fecha la Defensoría solicitó en reiteradas ocasiones informes al TSJ y a los tribunales departamentales, incluso presentó una acción constitucional en diciembre exhortando a que se agilicen la tramitación del certificado, pero le había sido denegada. Esta semana emitió la resolución que es un documento con observaciones, recomendaciones y recordatorios en marco de la normativa.

“Tenemos una cifra de 3.000 solicitudes que se están gestionando desde 2025 para obtener certificados del TSJ. Lamentablemente en el tiempo transcurrido no se ha cumplido La Defensoría ha concluido que el Estado ha incumplido las medidas eficaces y eficientes que tiendan a reducir el hacinamiento, también que el TSJ y los tribunales departamentales han incurrido en una demora de más de dos meses para entregar certificados”, indicó.

Bolívar afirmó que a nivel nacional y en Tarija se registraron denuncias de privados de libertad que tuvieron dificultades en el trámite.

La resolución también insta a que se inicien acciones disciplinarias a los servidores que incurran en negligencia u omisión que deriven en la demora del certificado, que es actualmente el principal “cuello de botella” para obtener el indulto.