“Del hogar al juzgado”, la investigación que revela las trabas al denunciar violencia

Retardación de justicia y crisis en el entorno social, por un lado, sobrecarga laboral, falta de recursos humanos, económicos y de infraestructura para las instituciones, por el otro, son algunos de los obstáculos que devela una investigación denominada “Del hogar al juzgado: Violencia en pareja contra la mujer e implicaciones sociales de la denuncia”, que aborda la problemática desde la óptica de las víctimas, pero también de los funcionarios a cargo de las investigaciones.

Una de las recomendaciones finales conmina a todos los niveles de gobierno a cumplir con su responsabilidad de fortalecer las instituciones para garantizar una mejor atención.

Investigación

El informe lo presentó el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Contra las Drogas (OBSCD). Se trata de una investigación cualitativa con grupos focales y entrevistas en los municipios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto.

Su objetivo central es responder la pregunta: “¿Cuál es el proceso que sigue una mujer al denunciar un hecho de violencia y cómo es gestionada por los servidores públicos?”.

Para arrancar, explica la violencia con la metáfora del caracol, que muestra cómo las agresiones se desarrollan progresivamente, desde las psicológicas pasando por las físicas y pudiendo terminar en su máxima expresión, que es el feminicidio.

También identifica las posibles salidas: dos voluntarias (separación y denuncia) y otra involuntaria (feminicidio).

Se enfoca precisamente en la denuncia, una decisión que requiere que la mujer reconozca su condición de víctima y la voluntad para salir. Sin embargo, ese proceso conlleva muchos obstáculos, como la dependencia económica – que se intensifica con la crianza de los hijos – y posible “desaliento de parte del círculo familiar”.

En las entrevistas a denunciantes se confirma que en la mayoría de casos inician un proceso, no después de la primera agresión, sino tras varios episodios.

Integrantes de organizaciones civiles vieron que quienes rompen el silencio lo hacen recién cuando sienten temor de perder la vida o cuando perciben peligro para sus hijos. Algunas citas lo confirman.

“Lo último que sentí fue que podía morir en cualquier momento a manos de esta persona. Por eso decidí escaparme de la casa y ya no volver; ir directamente a la FELCV a hacer la denuncia”, dijo una denunciante de Santa Cruz.

“(Me apuntaba con una especie de cuchillo) le dije: ‘me vas a matar. Él me dijo: ‘no, ¿por qué? ¿me vas a denunciar?, ¿me estás grabando?’. Yo le dije: ‘no’ […] me salí llorando, me fui a la sala y dije: ‘¿hasta cuándo, Dios?, ¿hasta cuándo voy a aguantar?’. Él se encerró con mi bebé, mi bebé se puso a llorar y dije: ‘ya no más’, ahí es donde llamé a la Policía; la Policía vino y se lo llevaron”, relató una de las mujeres en Cochabamba.

Motivaciones

Un punto en común durante el trabajo con víctimas, organizaciones y funcionarios es que cuando se trata de violencia en sus primeras fases, muchas de las mujeres al sentar una denuncia no es la ruptura total de la relación, ni la privación de libertad del agresor, sino un cambio de comportamiento.

Los casos de violencia extrema derivan en denuncias como búsqueda de protección.

Hay una tercera motivación que es la justicia, aunque son menos frecuentes.

Obstáculos

Durante las entrevistas, se comprobó que buena parte ya tiene conciencia de que hay normativa, como la Ley 348, que tiene la finalidad de amparar a las víctimas. Sin embargo, también refleja que las denunciantes tenían referencias de lo tortuoso que puede ser el seguimiento al proceso.

En sus experiencias lo confirman. Aunque muchas destacaron haber recibido una atención empática, otras se sintieron revictimizadas por factores como el trato, el esfuerzo que implica recorrer las instituciones, como ir primero al SLIM, a la FELCV, luego a la Fiscalía y tener que repetir sus testimonios ante distinto personal.

Las entrevistas con los trabajadores de las FELCVs, Fiscalía y SLIMs mostraron otra mirada sobre la problemática. Los funcionarios policiales apuntaron, por ejemplo, que su principal carencia es el material y recursos.

“En Shinaota, en todo el año que estuvimos apenas nos han dado dos paquetes de hoja bond, tres bolígrafos, un paquete de folders, nada más”, dijo uno de ellos.

Otro problema es la sobrecarga de trabajo, una de las uniformadas dijo que dependiendo del destino tuvo de 150 a cerca de 370 casos en los que diariamente escuchan relatos muy crudos. Otro policía relató que, además, deben cumplir servicios de patrullaje hasta la madrugada.

Una psicóloga lo confirmó. Dijo que, aunque es injustificable dar un mal trato a las víctimas, hay un riesgo de “burnout” (estado de agotamiento físico, emocional y mental) de los efectivos. Uno de ellos incluso tuvo parálisis facial en una ocasión.

Por su parte, trabajadores del SLIM relataron que a ese estrés se suma la inestabilidad laboral por tener contratos temporales.

Recomendaciones

En resumen, la investigación recomienda fortalecer el Órgano Judicial, centralizar en un edificio los SLIMs, Fiscalía y FELCV, que la Policía equilibre la asignación de personal, que los trabajadores tengan acceso a terapia y que haya políticas públicas dirigidas, no solo al encarcelamiento, sino también a la rehabilitación de agresores y a la prevención.