Falta de presupuesto retrasa construcción de la Casa Judicial

La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y magistrada por Tarija, Rosmery Ruíz, informó que el contexto de crisis que vive el país también afecta a este Órgano del Estado que carece de recursos incluso para compras de material de escritorio y que mucho menos cuenta con presupuesto para la construcción de la Casa Judicial proyectada en el barrio Aranjuez.

Este proyecto data desde hace varios años, pero no fue hasta el 2022 que se concretó la cesión de terrenos con una Ley aprobada en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y que validaba la resolución municipal que concedía diez hectáreas de terreno.

Falta de recursos

La magistrada Ruíz señaló que desde que asumió funciones hizo seguimiento al proyecto, pero que únicamente logró gestionar dinero para el cerramiento perimetral del terreno porque el Órgano Judicial no cuenta con los 180 millones de bolivianos que se calcula podría costar la edificación.

“He estado preocupada desde el primer momento que asumí funciones. Con relación a la Construcción del edificio no hay presupuesto. Ustedes saben que el país está viviendo una crisis económica de magnitud. 180 millones es un monto elevado, por eso he solicitado que se me informe si se puede construir por fases y no se puede”.

En cuanto al cerramiento, aseguró que los fondos están asegurados, que ya se firmó el contrato con la empresa a cargo y dijo que se prevé que en corto plazo inicien las obras. Esto ocurre luego de las quejas de vecinos y dirigentes por el descuido de los predios.

La decana apuntó que esa falta de recursos no afecta únicamente a este tipo de proyectos de gran magnitud, sino que incluso impide la compra de material de escritorio para las tareas del personal

“No es aislado que el Órgano Judicial también esté viviendo esa crisis económica. No tenemos presupuesto para temas muy elementales para atender a la justicia. Estamos carentes hasta de papel y tóner para otorgar a los jueces y funcionarios judiciales”, declaró.

Al concluir, la autoridad resaltó que esa situación financiera no debería repercutir en la atención a los litigantes porque todos los procesos están informatizados y cualquiera de las partes puede ingresar al sistema para verificar su estado.