Yacuiba: Ratifican orden de aprehensión a Dorgathen

La comisión de fiscales a cargo de la investigación por presunto contrabando de exportación de combustibles ratificó la orden de aprehensión contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y negaron su pedido de declarar en Santa Cruz y no en Yacuiba debido a problemas de salud. 

Además, los investigadores ejecutaron un allanamiento en los recintos aduaneros de Yacuiba para recolectar más información.

Proceso en curso

El fiscal de materia Américo Plata encabeza la comisión encargada, el 6 de octubre recibió la denuncia y el 8 emitió la orden de aprehensión contra la cabeza de la estatal petrolera para que sea conducido a Yacuiba, donde radica la causa, para dar su declaración. Desde entonces se desconoce su paradero, aunque la defensa el jueves solicitó declarar en Santa Cruz.

“Ayer (jueves) se recibió el memorial y lo revisó la comisión. En ese memorial indicaba que por problemas de salud pedía que se le tome declaración en Santa Cruz, pero no ha presentado un respaldo que lo acredite. Por esa razón la comisión emitió un decreto declarando no a lugar ese pedido. La orden (de aprehensión) se mantiene vigente mientras no se apersone”, dijo este viernes la fiscal departamental, Sandra Gutiérrez.

La autoridad añadió que también están en marcha otras pericias para esclarecer los hechos, como un allanamiento realizado en pasadas horas a los recintos aduaneros en Yacuiba y se tomó la declaración a posibles testigos.

Previamente, entre martes y jueves los miembros de la comisión se trasladaron a La Paz y Santa Cruz para recolectar documentos y tomar declaración a autoridades de la Aduana Nacional y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Denuncia

El proceso responde a una denuncia presentada por dos ex funcionarios de la Aduana Nacional en Yacuiba, quienes afirman que hubo irregularidades en la exportación de gas a Brasil. Tanto las autoridades aduaneras como las de YPFB aseguran que la venta se hizo de acuerdo a normativa con la facturación correspondiente y lo atribuyen a una supuesta venganza de los denunciantes por su despido.