Sentencian a 3 personas por estafa en venta de alimentos

Tras concluido un juicio oral, fueron declarados culpables tres involucrados en la estafa a cerca de 2.000 personas de escasos recursos a las que engañaron con la supuesta venta de paquetes alimentarios a bajo costo. Sin embargo, los afectados este jueves se pronunciaron criticando que las penas sean menores a seis años, a pesar de la cantidad de víctimas y que el daño se haya calculado en un millón de bolivianos.

En los próximos días la parte acusadora apelará el fallo pidiendo una condena mayor y la defensa podría interponer un recurso similar, pero para tratar de reducir la pena de los sindicados.

Juicio

El abogado de un grupo de 380 víctimas, Franz Carlos Gutiérrez, informó que la resolución declara culpables de estafa agravada a Rocío Almazán C., Zulma Illanes A. y a Jimmy Alcides S., las dos mujeres recibieron una sentencia de cinco años y ocho meses, mientras que el último a cuatro años y cuatro meses.

Durante la presentación de pruebas de cargo la Fiscalía y los denunciantes demostraron el modus operandi. Se comprobó que hace más de dos gestiones se acercaron a grupos vulnerables, como personas con discapacidad, y barrios populares para ofrecer paquetes alimentarios consistentes en un quintal de harina, un quintal de azúcar y cinco litros de aceite por 300 bolivianos, un precio menor al del mercado.

El pago lo hicieron los dirigentes de cada grupo, algunos depositaron hasta 100 mil bolivianos a una cuenta bancaria. El monto dependía de la cantidad de compradores. Sin embargo, luego de cancelar solo recibían pretextos para postergar la entrega de productos, al final no los recibieron.

Las víctimas comenzaron a agruparse a fines del 2023 para abrir un proceso penal. Ahora, además de calificar las condenas como insuficientes, aseguraron que la defensa les prometió más de una vez reparar el daño sin que se concrete. Ahora lo ven como una forma de ganar tiempo para dilatar la causa.

El abogado anunció que presentarán una apelación incidental con el objetivo de conseguir condenas de al menos siete años y medio, considerando el daño causado y la cantidad de afectados.