Fiscal denuncia amenazas a testigos y “chicanas” de Evo

Este miércoles se levantó la reserva del caso por presunta trata y tráfico contra Evo Morales y los padres de la víctima a la que habría embarazado en 2015. La fiscal departamental aseguró que la defensa del exmandatario recurre a “chicanas jurídicas” para retrasar el proceso y dejó entrever que incluso estarían amedrentando a testigos para que no acudan a declarar.

Se confirmó que entre el 2015 y el 2019, Cindy Saraí Vargas viajó 79 veces a Argentina, Venezuela y otros departamentos. Esto junto a su madre, Idelsa Pozo.

Chicanas

El 2 de octubre el caso salió a la luz. Antes de la ejecución de la orden de captura, la defensa presentó una acción de libertad para anularla y Gutiérrez fue destituida. Más adelante se supo que ese día también intentaron raptar a la víctima y su hija en Yacuiba.

Abogados del expresidente, Nelson Cox, Jorge Pérez y Cecilia Urquieta, denunciaron una vulneración a sus derechos, como la falta de control jurisdiccional, una arbitrariedad al radicar la causa en Tarija y no en Villa Tunari, o reabrir un proceso rechazado en 2020.

Gutiérrez señaló que los defensores convirtieron en proceso en “chicanería”, pero que la comisión fiscal logró desvirtuar todos los recursos con los que se pretendía extinguir la causa o trasladarla.

“Han presentado un sinnúmero de incidentes, excepciones y varias acciones de libertad. Todas han salido sin lugar. (…) Entendemos que sus abogados tienen que ganar un sueldo, pero no con tantas chicanas”, dijo al criticar que Morales se presente a audiencias virtuales para retrasar el proceso mientras se rehúsa a declarar.

También lamentó que algunos de los testigos convocados recibieron amenazas para evitar que declaren. Lo mismo habría ocurrido con ella y con los dos fiscales de la comisión.

Desde el arranque del caso, la comisión recopiló ocho cuerpos de pruebas. Entre ellas figura el flujo migratorio de la víctima, quien habría viajado 79 veces dentro y fuera del país entre 2015 a 2019, particularmente a Argentina y Venezuela. Aunque evitó detalles, agregó que se obtuvo información del Segip, BoA, Migración, ATT, Sereci y otras instituciones.

No mencionó si la investigación al patrimonio familiar de la joven reveló algún dato que confirme un beneficio económico y tampoco adelantó cuándo podría emitirse una nueva orden de aprehensión.