Aprehenden a dos personas por revender diésel a 8 bolivianos

En medio de la crisis por desabastecimiento de combustibles a nivel nacional, en Tarija se intensificaron los controles para evitar el acopio y comercio ilegal de diésel. Hasta el momento hay dos aprehendidos, quienes ofrecían en redes sociales el litro del carburante a un precio superior a los 8 bolivianos, es decir más del doble de los 3,72 bolivianos que cuesta en estaciones de servicio.

El área legal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) recalcó que existe una pena que va de los tres a seis años de cárcel para las personas que se dediquen a la venta ilegal de combustible.

Operativo

Por disposición del Gobierno nacional, en el departamento coordinaron las autoridades de la Policía, ANH y el Viceministerio de Defensa del Consumidor. El personal de estas unidades ejecutó un operativo este miércoles por la noche, luego de un trabajo de inteligencia en redes sociales para rastrear a quienes ofrecían carburantes.

Los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se hicieron pasar por compradores y acordaron encontrarse con los comerciantes.

El responsable departamental de la ANH, Franz Rodríguez, informó que en un primer encuentro se aprehendió al vendedor que llevaba en su vehículo 75 litros en bidones, además se le incautó el motorizado. Usando el mismo mecanismo, se capturó a una mujer que tenía más de 50 litros y también se secuestró su automóvil.

Estas personas ofrecían el diésel en grupos de Facebook y Whatsapp a precios entre 8 y 10 bolivianos, más del doble del precio oficial de 3,72 bolivianos al que se distribuye en las gasolineras.

Cerca de la media noche del miércoles los sospechosos fueron ingresados a dependencias de la fuerza anticrimen y ya se notificó al Ministerio Público para la apertura de un proceso.

Las autoridades recordaron que en el artículo 226 bis del Código Penal se determina una condena de tres a seis años de privación de libertad por el delito de comercio ilegal de combustible. Además de la posible reclusión, la misma norma establece la incautación en favor del Estado de los bienes que se usen para la actividad, es decir los carburantes, vehículos, dispositivos móviles u otros.