Indulto y amnistía: En Tarija hay presos durmiendo en cartones

Con un incremento a nivel nacional de población carcelaria, de 18 mil a casi 30 mil entre el 2022 y 2024, es que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el Decreto Presidencial 5137 del Indulto y la Amnistía por Razones Humanitarias. Desde Tarija, los privados de libertad esperan que se ejecute lo antes posible la norma, pues aseguran que en el penal de Morros Blancos algunos reos duermen sobre cartones. Mientras que las carceletas de las provincias ya no pueden recibir a más personas.

El debate se dio en la misma semana que el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, reconoció que “han colapsado las cárceles” y que teme “una catástrofe” si no se da una solución a este problema. Contradictoriamente, el Ministerio de Gobierno promueve una ley denominada “Lo ajeno se respeta”, que podría incrementar aún más el hacinamiento.

Decreto Presidencial

La redacción contempla que se beneficien adultos mayores, a partir de los 58 años para varones y 55 para mujeres, en caso de que padezcan problemas mentales, enfermedades terminales, cuadros oncológicos o renales. También incluye a embarazadas o madres durante el primer año de lactancia, en caso de que estén con detención preventiva, no con sentencia.

El Decreto para el indulto y la amnistía fue enviado por el presidente, Luis Arce Catacora, el 26 de marzo a la Asamblea y fue aprobado en comisión en abril. A falta de una convocatoria de David Choquehuanca en su condición de presidente nato del Legislativo, la norma no fue tratada hasta que asumió el senador Andrónico Rodríguez como cabeza de este órgano.

Recintos En Tarija existen cinco centros: Morros Blancos en capital, la Carceleta Pública de Bermejo, El Palmar de Yacuiba, la Carceleta de Villa Montes y la de Entre Ríos

El jueves, tras aprobar las leyes contra la prórroga de autoridades judiciales, dos tercios de los parlamentarios presentes votaron a favor de la norma. Su validez dependerá de que se valide la sesión.

Protestas en las cárceles

Tras la convocatoria a la sesión para el tratamiento del Decreto, el miércoles desde la tarde los privados de libertad en distintos departamentos se pronunciaron. Comenzando por San Pedro en La Paz y San Sebastián, varones y mujeres, de Cochabamba. Los internos se apostaron en las rejas y los patios exigiendo la aprobación de la norma. Luego se sumó Morros Blancos y otros recintos.

Aunque también se vieron carteles pidiendo beneficiar a quienes fueron encarcelados por la Ley 348, la redacción no contempla la comisión de esos delitos, menos los que por su gravedad tienen sentencias elevadas.

Tarija: Hacinamiento y derechos humanos

En el departamento de Tarija existen cinco centros: Morros Blancos en capital, la Carceleta Pública de Bermejo, El Palmar de Yacuiba, la Carceleta de Villa Montes y la de Entre Ríos.

Según los datos del director departamental de Régimen Penitenciario, Bryan Achá, en Morros Blancos en 2024 ya se superó la cifra de mil internos, a pesar de ser una infraestructura que inicialmente se diseñó para unas 200 personas, con una ampliación alcanzó capacidad para casi 600. Posteriormente se implementó el pabellón de máxima seguridad para hasta 30 presos considerados peligrosos.

Con el crecimiento de población carcelaria paulatinamente se formaron barrios, actualmente ya son 14. Uno de los más afectados es el de Chonchocorito, con más de 75 personas compartiendo 15 celdas.

Los internos también se manifestaron pidiendo el indulto. Aunque hubo un rumor de motín, las mismas autoridades de seguridad reconocieron que se trató de una protesta pacífica pidiendo mejorar sus condiciones de vida.

El sacerdote Miguel Sotelo es el párroco, no solo de este recinto, sino que visita todos los centros del departamento y aseguró que el problema es aún más grave en provincias.

“Prácticamente en Bermejo y Entre Ríos han tenido que cerrar porque ya no pueden admitir más presos. Ahora los mandan a Morros Blancos y Yacuiba, pero crece y crece, y ya es insostenible. Algunos están viviendo cuerpo con cuerpo, a veces sin frazadas, con frío, ni un colchón o llenando de cartones para que puedan dormir (…) Son seres humanos, no animales”, lamentó.

El mismo Limpias durante su última visita a Tarija señaló que “esta situación genera condiciones insalubres y también facilita la comisión de delitos”, es decir que dificulta que se consiga la rehabilitación y una reinserción social para evitar la reincidencia una vez que las personas recuperen la libertad.

Política para abordar la criminalidad en Bolivia

Por la situación de hacinamiento en todos los departamentos, distintos organismos de defensa de los derechos humanos cuestionaron la iniciativa del proyecto de ley “Lo ajeno no se toca”, que promueve agilizar los plazos procesales para la detención y sentencia en casos de robos en flagrancia.

Desde la Defensoría del Pueblo y colegios de abogados coincidieron en la necesidad de que el Gobierno Nacional diseñe una política integral de abordaje de la criminalidad, comenzando por un estudio de causas, tipos de delitos, edades, además de un fortalecimiento a la justicia, presupuesto para mejoras en infraestructura y mecanismos de reinserción social, como la educación y capacitación que ofrezca oportunidades laborales.