Tarija: Lucha contra el contrabando desata escalada de violencia

Emboscadas, balaceras, atracos, heridos, personas detenidas e incluso tres decesos y denuncias de tortura, así es la escalada de violencia que se ha registrado durante los operativos que llevan adelante las instituciones a cargo de la lucha contra el contrabando. Hay denuncias de ambas partes, contrabandistas y funcionarios estatales.

Al igual que años anteriores con la conformación de comisiones en la Brigada Parlamentaria, esta gestión el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando lideró el plan de acción coordinado con la Aduana Nacional, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Policía Boliviana y Fuerzas Armadas.

De un tiempo a esta parte, los operativos e incautaciones han estado acompañados de conflictos con quienes se dedican al ingreso de mercadería ilegal, que es la que abunda en los mercados, tiendas de barrios e incluso redes sociales. La principal procedencia es Argentina.

El último conflicto tiene que ver con el incumplimiento de los protocolos establecidos para la intervención de los militares del Comando Estratégico Operativo de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC). Hubo el uso de armas de fuego entre el 4 y 5 de octubre contra tres personas en Villa Montes y Yacuiba, además, se denunciaron prácticas de tortura contra uno de estos ciudadanos. Esto sin haber contado con el acompañamiento de funcionarios aduaneros para los controles.

La presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, en una anterior declaración, aclaró a nivel nacional que el personal de esta institución no tiene autorización para el porte de armas, por eso trabaja junto a la milicia y los policías, eso lo establece la Ley 1053. Sin embargo, la normativa indica que los uniformados solo pueden hacer uso de armamento en caso de estar en una situación de riesgo. Los que no ocurrió con los jóvenes del Chaco.

Esta actuación valió un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que exigió al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía una investigación penal y disciplinaria.

“Si no estaban en peligro, estos hechos podrían ser considerados abiertamente ilegales y los responsables tendrían que ser procesados conforme a la normativa nacional vigente”, dijo el coordinador defensorial de Yacuiba, Walter Portillo.

Emboscadas

A este hecho se suman otros en los que, al contrario, fueron los contrabandistas los que atentaron contra los funcionarios y los bienes públicos.

Entre el 20 y 21 de septiembre, la Aduana incautó dos vehículos cargados de contrabando. La incautación realizada en el Valle Central, el marco del Plan del Sur, se dio en medio de una violenta emboscada por parte de los comerciantes que pretendían recuperar las movilidades, llegando a dañar dos vehículos oficiales. La Policía tuvo que intervenir y resguardar su circulación hasta garajes de la institución.

Otra emboscada se registró el 21 de agosto, en Entre Ríos. Producto de ello, un comerciante de 17 años falleció días después, pues en el enfrentamiento recibió un disparo. Unos 30 contrabandistas emboscaron al Grupo de Reacción Inmediata Aduanero (GRIA) y el CEO-LCC a fin de recuperar dos camiones con mercadería incautada. Uno de los uniformados también resultó herido de bala en el muslo.

Algunos de los que digirieron la violenta intervención fueron capturados y enviados a Morros Blancos con detención preventiva.

Otro hecho se dio el 26 de julio, cuando dos buses transportaron desde Yacuiba hasta el puesto de Abra El Cóndor a 25 bagayeros que emboscaron a los funcionarios del Senasag, provistos de machetes y palos los amenazaron, dañaron las instalaciones y sustrajeron parte de la mercadería que se les había quitado poco antes.

Varios funcionarios resultaron heridos y una decena de comerciantes fueron aprehendidos. Aunque en inicio se les dio detención preventiva, una semana después recuperaron su libertad.

El 12 de junio un grupo de contrabandistas apuñaló a un funcionario del Sensag y redujo a otros seis, para recuperar un contenedor con pescado de contrabando valuado en 40 mil bolivianos. También rompieron los parabrisas de las movilidades, antes de huir.

El 22 de mayo ocurrió uno de los operativos de mayor pérdida, dos militares que escoltaban a los vehículos de la Aduana perdieron la vida en un vuelco en medio de una persecución a contrabandistas en la carretera Tarija – Villazón, al saldo se sumaron otros dos funcionarios heridos.

Los comerciantes justifican sus acciones a supuestos abusos por parte de los funcionarios aduaneros, que incluso les niegan la entrega de un comprobante sobre decomiso o les cobran una “coimas”.

Los dirigentes agregan que no abandonarán su actividad por una necesidad económica.

Suman las incautaciones y también el contrabando

La gerente regional de la Aduana, Lourdes Aldana, en su último informe, señaló que entre el 1 de agosto al 23 de septiembre los decomisos entre alimentos, bebidas y otros se cuantificaron en más de 52 millones de bolivianos.

En cambio, no hay un cálculo exacto de la mercadería que sí ingresa por los más de 40 pasos no autorizados, con la conformación de asociaciones de contrabandistas en los municipios fronterizos, como Yacuiba y Bermejo, que ya supera cada uno el medio centenar de afiliados, quienes incluso demandan al Viceministerio la tramitación de personerías jurídicas.

El resultado es la reducción de la actividad productiva local, uno de los rubros más afectados es el vitivinícola, cuya producción se redujo en más del 30 por ciento en comparación al 2019.