Hay una denuncia por incumplimiento de deberes
Tarija: Fiscalía investiga el proyecto Ciudad Inteligente
Tras la denuncia presentada por la Unidad de Transparencia de la Alcaldía, el Ministerio Público emitió requerimientos para recolectar documentación sobre el proceso de contratación



Mediante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal solicitando al Gobierno Departamental que entregue un cúmulo detallado de documentación sobre el proyecto denominado “Ciudad Inteligente”.
La causa se abrió a raíz de la denuncia formal presentada por la jefa de la Unidad de Transparencia del Gobierno Municipal, Miriam Humacata, para que se lleve adelante una investigación penal en contra del exalcalde, Rodrigo Paz Pereira, y exgobernador, Adrián Oliva Alcazar, por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez Salazar, explicó que al momento esta causa se encuentra en etapa preliminar para determinar si existen indicios de la comisión del ilícito mencionado, para lo que se emitirían otros requerimientos a fin de contar con toda la documentación del proyecto. Agregó que, por la complejidad del caso, podría ampliarse el plazo para conocer si se emitirá una imputación formal.
La Gobernación debe entregar a la Fiscalía toda la documentación relacionada a “Ciudad Inteligente”. Se trata de las fotocopias legalizadas del convenio intergubernativo de septiembre de 2016 suscrito con la Alcaldía para llevar adelante el proyecto, los respaldos de la conciliación de cuentas concerniente a la obra, la directriz emitida por el Gobierno Nacional para el proceso de contratación, certificaciones presupuestarias. También se incluye en el requerimiento lo concerniente a la resolución del convenio y otros oficios.
El documento indica que la Gobernación debe entregar lo requerido en un plazo de cinco días hábiles luego de su notificación.
Cuestionamientos
“Ciudad Inteligente” fue un proyecto impulsado por la gestión edil de Paz Pereira. Desde su licitación por más de 84 millones de bolivianos en 2016 recibió múltiples cuestionamientos, uno de los principales referido a un presunto sobreprecio en los equipos, pero sobre todo por el hecho de que el sistema nunca entró en pleno funcionamiento, no se entregaron todas las cámaras comprometidas y las que están instaladas constantemente registran fallas técnicas.
El exalcalde negó que exista irregularidades y dijo que si el sistema no funciona se debe a que la actual gestión del alcalde Johnny Torres no cumplió con el mantenimiento.