Adrián Oliva será enjuiciado por compras para el HRSJD

A dos años de la presentación de la denuncia por parte del exasambleísta departamental Abel Guzmán, el martes fue notificado el exgobernador Adrián Oliva Alcázar con la acusación formal emitida por el Ministerio Público y se espera que la autoridad jurisdiccional fije la fecha de inicio del juicio oral por supuestas irregularidades en la compra de equipos para el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD).

El exasambleísta denunciante dijo que podría iniciarse un proceso contra la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) por no sumarse como parte querellante.

El exgobernador se abstuvo de emitir una declaración en el marco de este caso.

Denuncia

El 3 de mayo de 2020 Guzmán presentó una denuncia ante el Ministerio Público argumentando que el exejecutivo departamental habría incurrido en los presuntos delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, esto al emitir decretos departamentales de modificación presupuestaria para equipar la Unidad Covid del Hospital.

Según la denuncia, habría un sobreprecio de 727.877,12 bolivianos en la compra de dos lavadoras y dos secadoras, cuando había ofertas de menor precio por parte otras empresas.

Guzmán señaló que cada lavadora de 80 kilogramos tuvo un costo unitario 1.156.513,57 bolivianos, cuando había una propuesta que ofrecía equipos similares a un precio unitario de 887.120,88 bolivianos. Sumaría un total de 538.785,38 bolivianos de sobreprecio. En cuanto a las secadoras, cada una costó 418.903,64 bolivianos, mientras había una propuesta de 324.357,77 bolivianos, el sobreprecio sería de 189.091,74.

El exlegislador agregó que se dispuso de 23 millones de bolivianos para la compra de 35 unidades de equipos para el HRSJD, las mismas incluyen Rayos X, monitores, contador hematológico y otros. Dijo que su fiscalización inicial fue solamente de estas cuatro unidades, pero con el avance de la investigación por parte de la Fiscalía, también solicitó la ampliación de las pericias, con lo que se presume habría irregularidades en el resto de las compras.

El año pasado ya se emitió una imputación formal.

“Al tener estos indicios me obliga a iniciar una denuncia penal contra el exgobernador y otros responsables del proceso de contratación, desde la unidad solicitante hasta el visto bueno”, dijo.

Proceso

Guzmán dijo que el Juzgado de Sentencia Primero de la Capital dispuso en julio que la ALDT se sume al proceso presentando una acusación particular y pruebas de cargo, pero no lo hizo.

“Se le ha dado 10 días para que se constituya en parte querellante y ofrezca prueba de cargo, por los problemas en el ente, no se ha constituido. La directiva de la Asamblea ha incurrido en incumplimiento de deberes, generando un favorecimiento al sindicado”, aseveró.