Fiscalía amplía imputación contra exministra Lizárraga por el caso “Armamento no letal - Ecuador”

El secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó que, dentro del caso denominado “Armamento No Letal - Ecuador”, la Comisión de Fiscales de La Paz emitió imputación formal en contra de la exministra de Comunicación del régimen, Roxana Lizárraga Vera, por los presuntos delitos de tráfico ilícito de armas; tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes, ya que habría facilitado que agentes químicos de Ecuador ingresen al país.

“En este caso, la comisión de fiscales emitió la ampliación de imputación formal en contra de Roxana Lizárraga, debido a que se ha identificado que el 15 de noviembre de 2019, en una reunión que sostenía juntamente con Arturo Murillo, Fernando López y la señora Jeanine Áñez, en Palacio de Gobierno hubiera tomado contacto con personal policial de la República del Ecuador en el que hubiera acordado que ese país pueda facilitar armamentos, es decir, equipos antimotín, gases y demás explosivos que fueron internados a nuestro país de manera irregular”, explicó Quispe.

La autoridad manifestó que el 25 de febrero de este año se citó mediante edicto con la imputación correspondiente, pero que Lizárraga no concurrió y por los tipos penales se realizará la tramitación correspondiente para la declaratoria de rebeldía y se habilitarán los canales procesales para su captura a nivel nacional e internacional.

El Secretario General agregó que los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectil de largo alcance calibre 37 mm., 560 proyectil de corto alcance calibre 37 mm. y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.

El Ministerio Público emitió la imputación formal al Juez Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia a La Paz a quien se solicita la aplicación de medidas cautelares de carácter personal como la detención preventiva en contra de la señora Lizárraga, durante seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

“Queremos ser enfáticos que el Ministerio Público en ningún momento actúa políticamente, no realiza persecuciones políticas y reiteramos el compromiso de defender los intereses de la sociedad”, enfatizó Quispe.