Puente 4 de Julio: La Fiscalía acusa a Paz y a exconcejales

A casi dos años de que se formalizara la denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de licitación del puente 4 de Julio, el Ministerio Público formalizó la acusación en contra del exalcalde y ahora senador, Rodrigo Paz, además de otras nueve personas, por las presuntas irregularidades en el proceso de licitación del puente 4 de Julio. Aún no se fijó la fecha para el inicio del juicio oral.

Entre los acusados figuran también los exconcejales Alfonso Lema, Valmoré Donoso y Cira Flores, los responsables del proceso de calificación y selección, además del representante legal de la empresa Convisa, D.H.T (según sus iniciales), que es la que se adjudicó la obra.

La acusación figura con los delitos de incumplimiento de deberes, daño económico al Estado, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Aunque los cargos son diferentes para cada uno de los implicados, dependiendo del grado de responsabilidad y participación en los presuntos ilícitos.

La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez Salazar, explicó que corresponde ahora al Juzgado notificar a cada uno de los acusados a fin de que puedan presentar sus pruebas de descargo, si las hubiera, para posteriormente fijar la fecha y hora de la audiencia de juicio. Sin embargo, indicó que se cuenta con evidencias contundentes para demostrar las irregularidades.

El País intentó contactarse con los acusados para contar con sus declaraciones sobre el curso del proceso. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta.

Durante las primeras etapas de la investigación, en reiteradas oportunidades, deslindaron responsabilidad, asegurando que cada uno de ellos habría actuado en el marco de la ley, tanto para aprobar el proyecto desde el Concejo, como para seleccionar a Convisa como la empresa ejecutora.

Antecedentes

En agosto de la gestión 2017 inició el proceso de licitación para la construcción del puente 4 de Julio y se presentaron a esta convocatoria seis empresas constructoras con sus propuestas correspondientes.

La Asociación Accidental Convisa es la que se adjudicó el proyecto, ofrecía un costo total de 73.281.339 bolivianos y entregar la obra en enero de 2021. Sin embargo, por diferentes causales se fue postergando su conclusión ampliándose el plazo por parte del Gobierno Municipal hasta el 10 de noviembre de 2021, plazo que tampoco fue cumplido.

Fue el exconcejal del Movimiento al Socialismo (MAS) Sergio Gallardo quien inició el proceso de fiscalización, presentando los antecedentes del caso ante la Unidad de Transparencia de la Alcaldía, sin que hubiera ningún tipo de investigación.

Posteriormente, la denuncia fue formalizada por el Viceministerio de Justicia y Transparencia Institucional en agosto del 2020. La misma fue aceptada por el Ministerio Público, llegando a confirmarse la imputación de esta decena de personas en mayo de la gestión pasada, argumentando que los indicios iniciales serían suficientes para presumir la existencia de actos ilícitos.

Retraso en la entrega de la obra

Con respecto a las solicitudes de ampliación del plazo por parte de la empresa, el Gobierno Municipal y el fiscal de obra fijaron que con la documentación que justificaba los retrasos por causales como la pandemia, la obra debía ser entregada el 10 de noviembre, posterior a ello Convisa debe pagar una multa de 50 mil bolivianos por día.

El alcalde actual, Johnny Torres Terzo, indicó que al momento la multa ya estaría cerca de los tres millones de bolivianos.