Permiten a los presos usar celulares en la cuarentena
El Tribunal de Casación Penal bonaerense autorizó la utilización de teléfonos celulares a los presos de todos los penales de la provincia de Buenos Aires durante el período en el que subsista la situación de aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional para minimizar la...
Celulares en cácel
El Tribunal de Casación Penal bonaerense autorizó la utilización de teléfonos celulares a los presos de todos los penales de la provincia de Buenos Aires durante el período en el que subsista la situación de aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional para minimizar la propagación del coronavirus (Orthocoronavirinae).
La medida la adoptó ayer lunes el vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, al hacer lugar a un planteo interpuesto por el Defensor de Casación, Mario Coriolano, quien cuestionó que en el marco del aislamiento dispuesto por el gobierno nacional se siga considerando “falta grave” que un interno posea un teléfono celular.
Ante esta situación, fuentes del SPB aseguraron que la resolución no será apelada por las autoridades penitenciarias y que ya están trabajando para elaborar el protocolo de uso en cada una de las unidades carcelarias.
Como resultado del aislamiento, el servicio penitenciario ya había implementado una serie de medidas para que los presos pudieran mantener contacto con sus familiares, entre ellos la utilización de videoconferencias.
En su presentación, el defensor Coriolano aseguró que “los pocos teléfonos ubicados en algunos pabellones de algunas unidades carcelarias anula toda posibilidad de contacto de los internos con sus familiares”.
Al hacer lugar al planteo, Violini resolvió autorizar a los presos el uso de celulares mientras dure el período de aislamiento y ordenó al ministerio de Justicia de la provincia que elabore un protocolo para instrumentar su uso.
En el fallo, el magistrado dispuso también que hasta la elaboración de ese protocolo, los jefes de las Unidades Penitenciarias o quien designe el ministro de Justicia “determinarán las pautas de uso, ingreso y conservación de los dispositivos electrónicos”.
Para habilitar el uso de los teléfonos, Violini tuvo en cuenta que la privación de la libertad “no puede implicar el cercenamiento de otros derechos básicos como la alimentación, salud, educación y mantenimiento de los vínculos familiares”, para lo cual citó normas supranacionales, entre ellas resoluciones de las Naciones Unidas.
La medida la adoptó ayer lunes el vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, al hacer lugar a un planteo interpuesto por el Defensor de Casación, Mario Coriolano, quien cuestionó que en el marco del aislamiento dispuesto por el gobierno nacional se siga considerando “falta grave” que un interno posea un teléfono celular.
Ante esta situación, fuentes del SPB aseguraron que la resolución no será apelada por las autoridades penitenciarias y que ya están trabajando para elaborar el protocolo de uso en cada una de las unidades carcelarias.
Como resultado del aislamiento, el servicio penitenciario ya había implementado una serie de medidas para que los presos pudieran mantener contacto con sus familiares, entre ellos la utilización de videoconferencias.
En su presentación, el defensor Coriolano aseguró que “los pocos teléfonos ubicados en algunos pabellones de algunas unidades carcelarias anula toda posibilidad de contacto de los internos con sus familiares”.
Al hacer lugar al planteo, Violini resolvió autorizar a los presos el uso de celulares mientras dure el período de aislamiento y ordenó al ministerio de Justicia de la provincia que elabore un protocolo para instrumentar su uso.
En el fallo, el magistrado dispuso también que hasta la elaboración de ese protocolo, los jefes de las Unidades Penitenciarias o quien designe el ministro de Justicia “determinarán las pautas de uso, ingreso y conservación de los dispositivos electrónicos”.
Para habilitar el uso de los teléfonos, Violini tuvo en cuenta que la privación de la libertad “no puede implicar el cercenamiento de otros derechos básicos como la alimentación, salud, educación y mantenimiento de los vínculos familiares”, para lo cual citó normas supranacionales, entre ellas resoluciones de las Naciones Unidas.
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