El hacinamiento impide mejorar cárceles del país

Marco Loayza Cossío, abogado especialista en Derechos Humanos de la Fundación Construir, aseguró que el hacinamiento es el principal factor para que la realidad penitenciaria del país se mantenga y agrave.

Esto ocurre “principalmente por el hacinamiento, pues el presupuesto asignado a la Dirección General de Régimen Penitenciario es insuficiente, el pre diario está determinado para una cantidad de privados/as de libertad que cada día va subiendo, por consiguiente cualquier previsión que se tome siempre se mantendrá muy por debajo de las reales necesidades de la población penitenciaria en cuanto a alimentación, salud, rehabilitación, etc.”, expresó el especialista.

El gobierno destina para medicamentos por cada interno un promedio de 12,5 bolivianos al año y deja los tratamientos por cuenta del afectado que en la mayoría de los casos no lo puede continuar por falta de dinero. En el sistema penitenciario se registran al menos 35 tipos de enfermedades, donde las más recurrentes son problemas estomacales, infecciones respiratorias y de la piel.
En cuanto a la alimentación, el Gobierno destina 8 bolivianos al día por cada interno, lo que alcanza solo para un almuerzo abundante en carbohidratos y grasas.

Loayza remarcó que a pesar de los esfuerzos del gobierno con medidas coyunturales y parches como las normas de indulto, “si no se realiza una transformación del sistema de justicia, que se encuentra en niveles críticos, la situación penitenciaria será cada día peor, constituyéndose los recintos en bombas de tiempo de violencia como lo ocurrido en Palmasola”.

Solo en el penal de San Pedro fallecieron 25 reclusos en 2016 por enfermedad. La falta de atención en salud, hacinamiento y el requisito de pago por derechos como traslados al hospital, agravan la condición. La situación es tan crítica que privados psiquiátricos y adictos conviven con los comunes en la misma celda, revela el reportaje “El precio de la vida en el penal de San Pedro” de ANF.
La realidad penitenciaria es compleja, refiere Loayza, y el mantener el status “seguramente beneficia a los grupos de poder que se encuentran dentro de las mismas cárceles en el país y que probablemente tiene nexos de corrupción en todo nivel”.