El monopolio de la verdad política

En toda democracia siempre existieron gobiernos, oposiciones, movimientos intelectuales y sociales que afirmaron representar la verdadera interpretación de la realidad política. Unos afirman representar la “verdadera democracia”, el “verdadero interés nacional” o la “verdadera voluntad del pueblo”. No obstante, resta por preguntar: ¿quién determinó que esa interpretación fuese la única verdadera? El problema realmente no consiste en que existan múltiples interpretaciones de la realidad política. El problema inicia cuando una de las interpretaciones deja de mostrarse como tal y empieza a proclamarse como la única verdad válida.

Toda ideología política existente interpreta la realidad de diversas formas, y ello no es problemático. El problema inicia cuando dicha ideología deja de interpretar el mundo y comienza a imponer su visión como la única legítima, tachando de falsas, ilegítimas o moralmente inferiores a otras interpretaciones de la realidad. En este momento, la verdad se patrimonializa y se hace exclusiva de una visión ideológica, a este fenómeno se le denomina monopolio de la verdad política.

Todo actor político tiene la necesidad de construir un relato sobre la realidad para orientar la acción colectiva. El relato creado permite interpretar problemas, justificar decisiones y movilizarse. El problema se muestra cuando dicho relato deja de presentarse como una interpretación posible y comienza a proclamarse como una única descripción legítima de la realidad.

En el caso de la política boliviana no somos la excepción. La historia política boliviana ofrece múltiples ejemplos de este fenómeno: la República Oligárquica, el gobierno del MNR, las dictaduras militares y el MAS hasta 2025 se jactaban de ser la verdad encarnada en el Estado. Y, curiosamente, las oposiciones también decían jactarse de lo mismo. Hoy, en la contemporaneidad, Rodrigo Paz no se enfrenta a una situación muy distinta, al construir una narrativa oficial que interpela a los errores del pasado gobierno. Por ende, resta preguntarse si la interpretación oficial de la realidad nacional desde el Estado logra dialogar con las percepciones contrarias de otros actores sociales o si cada sector, tanto social, no estatal o estatal, permanece cerrado en su propia comprensión de la situación nacional como la única verdad.

Sin embargo, ¿qué ocurre cuando una fuerza política cree poseer la verdad? Pues la historia nos da la respuesta. La historia ofrece una respuesta recurrente: el autoritarismo. La crítica deja de ser un aporte al mejoramiento del espacio público y comienza a verse como una amenaza a la verdad de quienes controlan la cúpula estatal. Los adversarios y la oposición política dejan de ser los principales agentes de fiscalización política del Estado y se convierten en enemigos. Para entonces, el diálogo pierde su sentido, porque la disposición de escuchar al otro ya no existe y, en consecuencia, el debate democrático se pierde. El problema muta y no solo refleja un obstinamiento por poseer la verdad; ahora el problema se convierte en epistemológico.

Entiéndase, en consecuencia, que una democracia no necesita de actores estatales, no estatales o sociales que posean toda la verdad. Necesita instituciones capaces de confrontar opiniones e interpretaciones distintas sin convertirlas en enemigos. El pluralismo en la democracia no significa que todas las opiniones sean igualmente verdaderas, sino reconocer que ninguna fuerza política puede atribuirse el monopolio definitivo de la verdad pública.

Las democracias comienzan a debilitarse cuando dejan de discutir quién tiene razón y empiezan a aceptar que un grupo selecto tenga el derecho exclusivo de decidir qué puede considerarse verdadero.