La Salud no aguanta más

El pedido esta vez no tiene que ver con una mejora integral del servicio; con una reclamación de inversión para paliar los ridículos presupuestos que se le dedican o con el pedido de sumar más personal especializado. Ni siquiera tiene que ver con reclamos sindicales de salarios u horas de trabajo.La discusión principal tiene que ver sobre todo con la penalización de la negligencia médica en el código penal y con el control administrativo del sistema. Lo segundo es una demanda incluida sobre todo por los de arriba para tratar de frenar la intervención del Gobierno en el sistema de frente, a través de un órgano operativo que anule en la práctica al Sedes en lo que a gestión de recursos se refiere. Unos dicen que es una manera de controlar el gasto y hacerlo más eficiente, lo que a la postre redundará en la calidad del servicio. Para los otros un intento de controlar el tráfico administrativo con intereses evidentes. Es al fin y al cabo una pelea por el poder.Lo que de verdad ha movilizado a los médicos es la tipificación de la negligencia médica desde una óptica en la que, evidentemente, el Gobierno no toma en cuenta el contexto en el que se desarrolla la profesión. Juzgar juzgan los jueces y acusar, acusan los fiscales, pero resulta bastante evidente que si ejercer la Medicina es ejercer una profesión de riesgo, en Bolivia lo es mucho más.El médico es sin duda la autoridad en la materia y el responsable de todas las decisiones médicas en el proceso de sanación de un enfermo. Pero el médico debe atenerse a las circunstancias en las que se desempeña que incluyen desde la saturación de habitaciones en los hospitales, la ausencia de medicamentos clave o falta de instrumentos esenciales para realizar un buen diagnóstico.Es evidente que el Gobierno debe asumir su responsabilidad en esta materia. En los últimos años se han construido centenares de hospitales de todos los tamaños hasta en los últimos rincones de la patria. Esas hermosas obras de cemento se han equipado precariamente en licitaciones muy competidas; para algunos apenas se ha comprado equipamiento básico, para otros instrumental de última generación de mantenimientos imposibles. Y lo que de verdad no se ha hecho es contratar el personal requerido y necesario para prestar un servicio de mínima calidad. Eso lo saben los médicos y lo sabe el Gobierno.También es evidente que los médicos no pueden culpar solo “al sistema” para eludir su responsabilidad. En el ejercicio de la profesión en la sanidad pública existen cantidad de vicios, algunos dolosos, algunos culposos, que son de conocimiento popular. Desde cargar tomografías de la clínica particular al Susat, saltarse los turnos y guardias, huir del puesto de trabajo, atender con desgana o magnificar un problema para remitir al paciente a Salta, o a donde pueda, por simple desconocimiento, falta de capacidad o simplemente de ganas de esforzarse en el estudio. Con la criminalización de la profesión esta última situación podría acentuarse todavía más. Muy pocos médicos querrán aventurarse en un diagnóstico confuso con tratamientos posteriores caros si además existen riesgos personales. Mucho más fácil, sobre todo en Tarija, será recomendar a cualquiera viajar al vecino país para buscar una “segunda opinión” más certera. El Gobierno, después de 12 años, ha vuelto a prometer el Seguro Universal de Salud para después de 2019, es decir, una nueva promesa electoral después de más de una década de gestión sin oposición. Lo que parecería una pata esencial de un gobierno que se dice socialista ha pasado a estar relegado durante el periodo más próspero de la historia de Bolivia. La salud no es gratuita ni es universal y aun así, es mala.El acuerdo sigue estando lejos, pero lo evidente es que no se alcanzará con promesas de paraísos sino con cifras concretas de inversión. Los médicos deben contratarse un buen seguro de riesgo profesional, es verdad y el Gobierno debe dotar de los medios necesarios. Nada se puede hacer de un día para otro, pero el daño causado por quince días de huelga ya es intolerable.